SANTIAGO

Cuando no se quiere hablar bien de alguien es un lugar común hacerlo de claroscuros y luces y sombras. Es un tópico, porque no hay ser humano que haga todo bien a lo largo de su vida, y porque en personajes públicos, sometidos a escrutinio, es imposible que no haya controversia. Así Santiago Carrillo cumple esta regla.

Los partidos políticos tienen sentido en la medida en que influyen  en la sociedad y su devenir. En ese sentido la historia del PCE es corta y fructífera. Es una historia que empieza con la estrategia de los Frentes Populares en 1936, que le permite crecer y jugar un papel protagonista en defensa de la República durante la Guerra Civil, y que termina con la transición democrática en nuestro país, y su incontestable aportación a un régimen de libertades, cuando se le reconocía como "el Partido".

Santiago es protagonista directo de esa historia desde el principio hasta el final. En la República, en la clandestinidad y la lucha contra el franquismo y, finalmente, en la recuperación de la democracia. Una historia, no conviene olvidarlo, de casi cincuenta años, de los que casi cuarenta en clandestinidad, en su mayoría muy dura.

Sobre Paracuellos no se puede decir más ni mejor, que lo dicho en el artículo que Paul Preston, Ángel Viñas, Fernando Hernández y José Luis Ledesma publicaron en El País el pasado 21 de septiembre.

Conocí a Santiago antes intelectualmente que personalmente. Poco después de entrar en el "Partido", me pusieron a disposición de la Comisión de Formación de Madrid, para dar cursos sobre el Manifiesto Programa a sindicalistas metalúrgicos en el despacho laboralista de la calle Españoleto, ante el crecimiento que entonces, finales de 1975, estaba teniendo la militancia.

Aparte de la insensatez que representaba que alguien como yo, que llevaba apenas dos años en el PCE, tuviese que formar a sindicalistas con más experiencia, eso me obligó a una inmersión, no sólo en el Manifiesto, sino también en la teoría del partido y a lecturas como "Nuevos enfoques a problemas de hoy" o "¿Después de Franco qué?" que, para mí, que me situaba ideológicamente entre el socialismo de izquierda y el comunismo, fueron un flechazo.

Soy de una generación que se formó políticamente en el eurocomunismo, que llegó al partido con la condena de la invasión de Checoslovaquia y el distanciamiento del PCUS ya hechos. Pero ni una cosa ni la otra me impidieron analizar esos hechos y otros anteriores, dentro de un contexto y de una idea general de que en política las ideas son muy importantes, pero que nadie por sí sólo es capaz de hacerlas avanzar, lo que da valor a algo tan complejo y tan frágil a veces en política, como es la organización. Eso también lo aprendí de un Santiago que, por su historia y experiencia, podía ser al mismo tiempo hombre de Estado y de Partido.

Por eso cuando conocí hechos como la expulsión de Claudín o Semprún, o cuando leí sus respectivas interpretaciones, sin dejar de entenderlos, tuve claro que Santiago había tenido más razón.

Alguien que conozca la historia y sepa de política, no puede olvidar que el cambio de una estrategia de lucha armada a otra de reconciliación y trabajo en la sociedad, le costó al PCE sus primeras escisiones, que posteriormente dieron lugar a la creación del PCE ml y al maoísmo español.

Como tampoco puede abstraerse de la dependencia de la Unión Soviética, en condiciones de dura clandestinidad, que condicionaba las ideas y, por qué no decirlo, la vida, de muchos militantes y dirigentes, dentro de España y, sobre todo, en el exilio.

En este sentido su elección como Secretario General del PCE, se produjo siendo Nikita Jruchov máximo dirigente del PCUS y en pleno proceso de desestalinización, lo que obviamente la facilitó.

Pero ese hecho no impedía que el peso de algunos dirigentes históricos, más ligados al período anterior, fuese muy importante y que los cambios que, a partir de ese momento se gestaron aceleradamente dentro del PCE, produjesen chirridos y exigiesen una gran prudencia para evitar nuevas escisiones que, además, pudiesen tutelarse desde un PCUS, que seguía considerándose el partido dirigente del comunismo internacional.

Este riesgo se confirmó tras la condena de la invasión soviética de Checoslovaquia, cuando se produjo la salida Lister y Eduardo García del Partido, y sobre todo quedó larvada una corriente prosoviética, que se manifestó con claridad durante la transición.

Por eso aunque Claudín y Semprún acertasen en buena parte del diagnóstico, Carrillo nunca lo negó, el cambio de estrategia que proponían en ese momento hubiese tenido un coste para el Partido que en la práctica le habría dificultado, y mucho, el seguir haciendo política e influir en el futuro de España. Como siempre las ideas son importantes, pero si te quedas sin herramientas para desarrollarlas sirven para poco.

Y sin embargo en los años posteriores se pusieron las bases para el eurocomunismo, y el Partido y la lucha contra el franquismo crecieron en la primera confluencia práctica de lo que después se definió como la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, que unió a miles de luchadores antifranquistas de varias generaciones. Son los años en que se abandona la política de oposición sindical, se crean las comisiones obreras y se obtienen las primeras victorias en las elecciones del Sindicato Vertical. Son también los años de la creación de la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), posteriormente del SDEU, y de las grandes movilizaciones en la Universidad.

La transición de la que tanto se ha hablado es una gran desconocida. Mucho se ha hablado de la Ley de Reforma política y del papel del Rey, que sin duda fueron importantes, pero bastante menos de la importancia de la movilización social en el proceso.

El impulso de la estrategia de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura y el Pacto por la Libertad, en la que la inteligencia y determinación de Santiago fueron decisivas, provocó que, a la muerte de Franco, las Candidaturas Unitarias promovidas por Comisiones, ganaran ampliamente las últimas elecciones al Sindicato Vertical, que lo mismo sucediese en muchos Colegios Profesionales y que entre finales de 1975 y 1976 se desarrollase el mayor proceso de huelgas y manifestaciones conocido desde la II República.

Ese proceso de movilización fue decisivo para acabar de convencer a los reformistas del régimen de la inevitabilidad y profundidad de la reforma necesaria. No fue tan idílico como hoy se ve. Costó muertos porque los  sectores inmovilistas y la extrema derecha se resistieron y entraron en una espiral de provocaciones que desembocó en el asesinato de los abogados de Atocha, y estuvo siempre bajo la vigilancia de un Ejército, que no era lo que es hoy.

Y una gran parte de ese proceso Santiago no lo dirigió desde Paris. En 1976 ya se instaló clandestinamente en Madrid donde participó en el desarrollo de toda la estrategia de PCE y su criterio fue crucial en la decisión de convertir Comisiones Obreras en sindicato, frente a la idea de sectores del Partido de mantenerlo como movimiento socio político y construir un sindicato unitario desde las estructuras ocupadas en el Sindicato Vertical. Es el momento en el que acceden a la dirección del Partido centenares de cuadros jóvenes del interior.

La legalización del PCE era el espejo en que se miraba el futuro de la democracia en España y la aceptación de la monarquía y la bandera el precio a pagar por ella. Decisión controvertida hasta hoy. Pero no hay que olvidar que, en aquel momento, muchas fuerzas políticas, incluida la socialdemocracia internacional, aceptaban con naturalidad que el PCE no fuera legal.

Las primeras elecciones democráticas se celebraron sin exclusiones y abrieron un proceso constituyente. El PCE había conseguido su objetivo, aunque al precio de que un partido que tenía casi cuatrocientos mil afiliados, solo alcanzó un millón ochocientos mil votos. El clima inestable de esos tiempos y la presión permanente de un ejército, con un fuerte componente franquista todavía, contribuyó a que una parte del electorado optase por opciones de izquierda más moderada.

Algunos achacaron a Santiago, al grupo de dirigentes más veteranos y lo que consideraban escasa renovación el resultado. Otros lo hicieron al exceso de pactismo y las renuncias. Ni unos ni otros tenían razón, porque la convocatoria de unas elecciones sin los comunistas, nos hubiese obligado o bien a una escalada en solitario de la movilización, que habría incrementado la inestabilidad, o bien a una derrota electoral que, sin nuestra presencia, habría sido mayor y acelerado la crisis interna posterior.

Lo conocí personalmente, de forma más directa que en los mítines o las reuniones amplias de partido, a finales de 1980, cuando la crisis del PCE avanzaba ya a velocidad de crucero.

El intento de Golpe de Estado del 23 F de 1981 no sólo mostró el valor político de Santiago, como el de Suárez y Gutiérrez Mellado. Mostró, sobre todo, los límites que tenían en esas circunstancias las posibilidades de un PCE y una UCD, que habían sido los principales factores de la democracia. En el caso del Partido, la tensión se acentuaba por la atracción que un PSOE, ya cercano al Gobierno, ejercía sobre un sector, y por la presión de otro sector prosoviético que, ajeno al derrumbe que se avecinaba, se refugiaba en las viejas certezas.

La derrota y la exclusión del PCE nos abocaron a la aventura de la Mesa por la Unidad de los Comunistas y el PTE. Era la única posibilidad para intentar influir en política y en la recomposición de la izquierda. Pero Santiago nunca pretendió aquello como un partido con voluntad de permanencia, con lo que una vez constatamos la imposibilidad de influir de alguna manera en la política española, fue él mismo el que propuso que ingresásemos en el PSOE para intentar participar en el cambio que requería la izquierda en los nuevos tiempos. Gorbachov intentaba reformar la vieja Unión Soviética y el Muro de Berlín estaba al caer.

Nos acompañó hasta la puerta y no entró. Lúcidamente, como siempre, sabía que su historia se lo impedía.

Desde entonces, tuve el privilegio, junto a otros amigos, de disfrutar de él, de su inmensa capacidad y experiencia política, de su vitalidad, de su sentido del humor y de su carácter. Tuve la suerte de compartir   los almuerzos que periódicamente celebrábamos, y constatar hasta el último, el pasado julio, que no sólo mantenía sus ideas, sino también sus ganas de hacer política desde el ámbito en que pudiese, de contribuir a un mundo más justo, más equitativo y más democrático.

Porque Santiago, dentro o fuera, siempre fue un hombre de Partido que combinaba sabiamente pensamiento y acción.

Hasta siempre Santiago. Hasta siempre camarada.

·         "C'est un joli nom camarade. C'est un joli nom tu sais. Dans mon coeur battant la chamade. Pour qu'il revive á jamais": Jean Ferrat -Camarade (1969)

Andrés Gómez

¡YA QUISIÉRAMOS QUE LO DE CATALUÑA FUESE UNA ALGARABÍA!

O Rajoy no se entera o se hace el loco, que no se sabe que es peor.

En el crecimiento del independentismo en Cataluña han influido varios factores. De un lado, desde el inicio de la transición democrática, entre un cuarto y un tercio de la población catalana se ha pronunciado en las encuestas por la independencia. De otro, el fracaso del intento de Zapatero de abordar el cambio territorial por la vía de la reforma de los Estatutos de Autonomía, y no por la propuesta de reforma constitucional. La sentencia del TC que, después del compromiso solemne del entonces Presidente, de que lo que dijeran los catalanes iría a misa, modificó sustancialmente lo aprobado en Cataluña, atizando el malestar y los agravios.

Pero más importante que todo esto, ha sido el papel jugado en este tiempo por las derechas catalana y española. Unas derechas que, desde que se inicio la crisis, han coincidido en lo básico de la política económica y, desde que coinciden en los respectivos gobiernos, en la dureza de los recortes. Unas derechas que han buscado en los nacionalismos español y catalán, envolverse en las banderas, una cortina de humo con que ocultar la agresividad de sus políticas.

Es histórico el daño que han hecho tanto las proclamas anti catalanas de destacados dirigentes del PP, como las descalificaciones generalizadas contra "Madrid" de algunos nacionalistas. Incluidas sus respectivas televisiones públicas autonómicas. Pero la prolongación de estos discursos, en unas circunstancias de crisis como las que vivimos, con un malestar creciente entre las poblaciones, los ha convertido, sobre todo en Cataluña, en un arma letal.

A nadie se le oculta que CiU, ha encontrado en el giro al independentismo, un arma poderosa para justificar la dureza de sus políticas. Y, por el momento, ha tenido éxito, porque el mensaje simple de que si no se aportasen recursos a España no se habría tenido que recortar y Cataluña sería como un país del Norte de Europa y no como uno del Sur, ha tapado cualquier contestación social y les permite anticipar las elecciones, con la coartada de la independencia y mejorando sus expectativas según las encuestas.

¿Pero cuáles son las diferencias estratégicas en el modelo económico social o en las políticas frente a la crisis de CiU y PP?. Ninguna.

El problema real de Cataluña es más de financiación que de autogobierno. En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat, desde los primeros gobiernos de Jordi Pujol, optó por un modelo de servicios públicos, más privatizado y de negocio que el del resto de España, en el que los conciertos en Educación, Sanidad o Servicios Sociales han estado más extendidos, con el consiguiente encarecimiento de estos servicios. El tripartito, condicionado por los nacionalistas de fuera y dentro del PSC, no hizo nada para corregirlo.

Pero este modelo es justo el mismo que defiende y aplica, cuando gobierna, el PP. Y sobre esto se ha hablado muy poco, singularmente el PP, porque existía una coincidencia básica entre las derechas catalana y española, sobre el modelo, que se ha puesto más en evidencia, durante la crisis

Por eso la mayor responsabilidad y el mayor daño lo han hecho esas derechas que, en nombre de un patriotismo verbal, se han abrazado a las respectivas banderas para mantener sus privilegios y para que la crisis la paguemos todos, menos los suyos, las "grandes familias" españolas o catalanas.

Sí hay un problema de financiación, para Cataluña y otras Comunidades con más recursos como la de Madrid o la de Baleares. La construcción del Estado Autonómico y la necesidad de garantizar la igualdad de derechos a los ciudadano de toda España, ha llevado a sucesivas fórmulas de financiación que han favorecido mucho a las Comunidades más atrasadas, hasta el punto de que en algunas de ellas, los servicios públicos están mejor atendidos que en las zonas pobres de los territorios más ricos.

No es solo una cuestión territorial, también lo es de distribución de renta y de las políticas que los Gobiernos de CiU y el PP, han aplicado, por ejemplo, en Cataluña o la Comunidad de Madrid, pero también es un problema de financiación de las Comunidades, porque un modelo válido en un principio para resolver los déficits de los territorios con menor riqueza, puede dejar de serlo cuando esos déficits se resuelven.

Y aquí, aparte del problema más real, hay otro de hipocresía y agravio, cuando se acepta con naturalidad que Esperanza Aguirre pida cambios en la financiación favorables a Madrid y que cuando se hace desde la Generalit, se la tilde de insolidaria y pesetera.

El hecho es que el trabajador de Móstoles o Badalona, en su mayoría emigrantes, cuando vuelven a su pueblo y ven servicios que funcionan mejor que en sus barrios de residencia, no lo entienden, con el agravante en Cataluña, de convertirse en un elemento de agravio, fácilmente utilizable por el nacionalismo.

La reforma del sistema de financiación aprobada por el anterior Gobierno, mejoraba esta situación, aunque creó una fórmula excesivamente farragosa y sujeta a arbitrariedades que, además, desde el principio se enfrentó al hundimiento, por la crisis, de la recaudación de impuestos de la que depende, atizando la presión permanente al Gobierno Central de la mayoría de las Comunidades.

Que el Pacto fiscal y el sistema de concierto no sea posible no implica que no haya un sistema de financiación más justo, transparente y automático que tenga más relación con la recaudación de cada territorio -con la riqueza de sus ciudadanos- y que reconozca económicamente, de forma más real, hechos como el bilingüismo, recogidos en la Constitución, que exigen un mayor gasto, singularmente en competencias de las Comunidades como educación o cultura.

No es fácil en unas circunstancias de crisis como ésta y sólo será posible dentro de una reforma fiscal progresiva, que restablezca la recaudación, pero es imprescindible para frenar la "orgía recortadora", que de continuar incrementará entre los afectados la desafección de la política o la adhesión al nacionalismo, socavando las bases sociales no nacionalistas.

No es casual la paralización de una base de izquierdas en Cataluña, desarmada políticamente desde hace tiempo, ante el crecimiento simultáneo del nacionalismo y las políticas de derechas.

Es obvio que existe un problema catalán en España y que habrá que abordar en el futuro reformas en el encaje constitucional y territorial del Estado, para la construcción y consolidación de un modelo federal estable. Pero también lo es que desde la izquierda es imprescindible retomar la iniciativa política para poner en evidencia que, a pesar del riesgo de choque de trenes conducidos por las derechas, sus políticas económicas y sociales son la mismas. Que desde la reforma laboral hasta la financiera las han votado juntos.

 

Andrés Gómez

DE RESCATES E INTERVENCIONES

El avance de la decisión de rescate de la banca española, su cuantificación en una cifra indeterminada entre 60 mil y 100 mil millones de euros, y el anuncio posterior por el BCE de la posibilidad de compra, en el mercado secundario, de deudas de países con dificultades, ha tenido una reacción en los mercados que da lugar a pocos equívocos.

La mejora en las Bolsas, singularmente en la española, supera la de una prima de riesgo que se resiste a bajar de 400 puntos, lo que implica intereses de la deuda a largo plazo en torno al 6%.

Esta situación pone en cuestión la idea de que los rescates no costarán a los contribuyentes. Obviamente, la noticia de una inyección masiva de dinero en los bancos para cubrir los daños de la burbuja inmobiliaria, es valorada de manera distinta por los mercados, es decir como una mejora de expectativas de las empresas financieras, inmobiliarias y constructoras, al tiempo que dan por descontado que, como es el Estado el que asume la responsabilidad, su deuda se incrementará y el riesgo de devolución también, lo que influye en sus expectativas de riesgo y los intereses a pagar.

Esta tendencia también pone en cuestión el mensaje de que la creación del banco malo no tendrá coste para los contribuyentes, como afirma con rotundidad la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría. De hecho el Ministro Guindos, menos rotundo, dice que la idea es "minimizar" este coste.

Que resolver la inmensa pérdida de valor de los activos inmobiliarios dañados sin aportaciones públicas es posible, no se lo cree nadie.

Una de dos, o antes de sacarlos de los bancos se les valora por encima de su valor real y entonces el Fondo del rescate inyecta más capital a los bancos y el rescate es más caro, o lo valora a precios más bajos y el coste se producirá para la entidad gestora pública cuando los venda por debajo de su valor; y quien responderá en cualquier caso será el  Estado, o lo que es lo mismo los contribuyentes.

El hecho de establecer un período de quince años de vida para el banco malo y, por tanto, para la venta de los activos dañados gestionados, aplazará el momento en que se conozcan los resultados reales de las ventas, pero no los intereses que se pagarán por el dinero recibido, ni facilitará que aquellos activos invendibles se vendan.

Tan claro lo tienen los mercados que el día en que el Consejo de Ministros anunció su decisión, subió la Bolsa y subió también la prima de riesgo de la deuda soberana española. Y su bajada tras el anuncio posterior de Draghi se ha estancado por encima de los 400 puntos, porque ya se considera que la deuda española se incrementará, de una u otra forma, en 100 mil millones, de aquí a final de año.

El PP tiene prohibido hablar de rescate e intervención. No se trata de que uno y otra no se produzcan, sino de que no se reconozcan. Después de meses de Gobierno de Rajoy ya hemos aprendido que para saber lo que van a hacer en España, hay que estar al tanto de lo que se dice en Frankfurt, Bruselas o Londres.

Porque lo que hacen Rajoy y Guindos es hablar primero, con la menor transparencia posible, con Alemania o la UE y decretar aquí después, evitando al máximo la intervención del Parlamento. Lo crudo es que así van anticipando o incluso incrementando las condiciones del rescate, sin ni siquiera tener garantizadas las ayudas y la bajada de los tipos de interés de la deuda.

Aparentan soberanía con el único objetivo de garantizar que el PP y sólo el PP, interviene en la información de las medidas para poder adecuarlas a su interés partidario. Lo que hicieron con los Presupuestos y las medidas dirigidas a las autonomías, en el caso de las elecciones andaluzas, y lo que están haciendo ahora con el fin de salvar las gallegas y las vascas. Sólo se anticiparon con la reforma laboral y han aprendido lo que les costó.

Por eso ahora se pone sordina a las condiciones del rescate, porque una parte de ellas se han anticipado, pero estaban en las primeras "recomendaciones" de la Comisión y el BCE, y las que faltan son las referentes a pensiones y prestaciones por desempleo, de las que no se hablará hasta pasado el 21 de octubre.

Es una perversión de la democracia en la que los mercados actúan sobre las instituciones de la UE, éstas sobre el Gobierno de España y éste actúa como si decidiera, con la máxima sordina, porque en el fondo le viene bien. Le sirve de coartada para "hacer lo que hay que hacer", es decir poner en pie su programa ideológico y ajustar cuentas con una transición democrática con la que Alianza Popular, el antecedente del PP, en realidad, nunca estuvo de acuerdo. A Rajoy se le escapó en su entrevista en TVE, que la reforma del Estatuto de los Trabajadores era una necesidad desde hace treinta años, lo que entonces sólo era una reivindicación de AP y la patronal de Ferrer Salat.

Una perversión democrática en la que el PP, una vez más, lejos de hablar claro y explicar lo que quiere hacer, afrontando la reacción de la sociedad y los ciudadanos, recurre a la mentira, sólo por sus intereses partidarios.

Estamos rescatados y lo vamos a estar más. Estamos intervenidos y lo vamos a estar más. Si alguien tiene alguna duda, la prueba del nueve la tendremos en los próximos presupuestos -no cuando se presenten sino cuando salgan del Congreso- y en lo que pase en ellos con las pensiones y las prestaciones por desempleo.

El aplazamiento de su reconocimiento por Rajoy, a la espera de las elecciones del 21 de octubre, sólo provocará que la prima de riesgo, y los intereses a pagar por la deuda emitida en este período, sean más altos, con el correspondiente daño a las arcas públicas. Porque es sintomático que, mientras se reducen los salarios de los empleados públicos, en los presupuestos del próximo año será superior el coste de los intereses de la deuda que los costes de personal.

 

Andrés Gómez