CERTIFICADO
DE DEFUNCIÓN PARA LAS CAJAS
La concreción, esta
semana, de las condiciones de la Comisión Europea, para liberar las ayudas a
las Cajas de Ahorro españolas nacionalizadas,
certifican la defunción de este sistema, aunque una de sus condiciones les
obligue a comportarse como las cajas de ahorro de hace muchos años.
Lo que según Rajoy y
Guindos iban a ser buenas ayudas y sin condiciones, se han convertido, como era
de prever, en ayudas fuertemente condicionadas a favor de los Bancos y otras
entidades financieras.
Cierre masivo de oficinas
y despido de un tercio de sus trabajadores, quitas del valor de la inversión en
preferentes, ventas de filiales y participadas y limitación de la actividad
bancaria para estas entidades a la de banca comercial minorista y a PYMES, en
los territorios de origen de estas entidades, la prohibición de dar crédito a
la actividad de promoción inmobiliaria y la posibilidad de mantenerse como
entidad sólo para Bankia, la única considerada como sistémica.
Traducido a lo concreto
esto implica el cierre de más de de un millar de oficinas y el despido en tres
años de diez mil trabajadores -seis mil de ellos en Bankia- a añadir a lo hasta
ahora recortado y quitas de entre el 40 y el 60% para los ahorradores que
invirtieron en preferentes. Menos empleo y pérdidas de partes de sus ahorros
para miles de familias a las que se engañó.
Con relación al futuro
destacan los impedimentos a jugar ningún papel como banca mayorista, la
exclusión de dar crédito a promotores inmobiliarios en cualquier circunstancia
y la presión para vender sus participaciones industriales en el peor momento
para hacerlo. Estas limitaciones les obligan a reconvertirse en banca de
pequeños ahorradores -el origen de las Cajas- pero sin ser Cajas.
Detrás de estas medidas
están los grandes bancos e inversores financieros, que ven la posibilidad de
acceder a precio de saldo a importantes paquetes de acciones en empresas en
buena situación (Mapfre, IAG, Iberdrola, Indra, NH Hoteles, Gas Natural o
Pescanova, entre otras) y de ampliar su volumen de negocio a las partes
saneadas de banca mayorista, o de promoción inmobiliaria futura, hoy en manos
de esas cajas.
Pero la presión para
vender participaciones industriales, aunque sea con pérdidas, y la reducción de
los márgenes de negocio de estas entidades, por el abandono forzado de
actividades, limitará sus posibilidades de beneficio a las que le genere el
negocio de banca minorista, y hará
imposible generar suficientes beneficios para la devolución por esta vía de los miles de millones de ayudas
públicas destinadas a su saneamiento.
O dicho de otra forma que
estas ayudas servirán, en gran medida, para que los bancos o inversionistas que
adquieran las participaciones o capten las partes del negocio segregadas,
obtengan más beneficios.
Huelga decir que los
excesos de los años del boom inmobiliario y la inmoralidad de una parte
importante de sus gestores ha sido el caldo de cultivo que ahora se argumenta
para justificar estos nuevos abusos y arbitrariedades, aunque eso suponga la
renuncia a que los miles de millones de euros de todos destinados a las ayudas
sirvan para reconstruir una banca pública al servicio de los intereses
generales y si sirvan para trasvasar miles de millones no fundamentalmente para
el saneamiento de las cajas y sí para la recomposición o ampliación de los
beneficios de entidades que, al menos formalmente, no los necesitan ya que
hacen permanentemente alarde de su buena situación.
Es obvia la pésima gestión
de esos gestores y su responsabilidad en la situación. Responsabilidad que
contrasta con la altanería con que personajes como Miguel Blesa, como caso más
singular, se han comportado recientemente ante la Comisión de Investigación del
Congreso de los Diputados. Altanería que merece más que reprobación y a los que
habría que exigir responsabilidades legales también.
Pero de esa obviedad, esa
altanería y esos abusos de sus posiciones de privilegio, que es ampliable a
otros personajes financieros, aunque no están sujetos hoy a los mismos
escrutinios, no se deriva la imposibilidad de un funcionamiento correcto de las
Cajas.
El proceso de
reestructuración y saneamiento del sector se ha orientado desde el principio
hacia su disolución. Las dos cajas que sobreviven sin tensiones son las dos más
pequeñas (Onteniente y Pollensa) quizás porque no eran bocado apetecible para
nadie. Pero en los procesos de fusión forzados bajo el argumento de la
necesidad de ampliar tamaño, se ha forzado a Cajas que por sí solas estaban
saneadas o a otras a las que hubiese resultado más fácil sanearse también solas,
a asumir las ruinas de otras cajas que las han llevado a la ruina.
El resultado final nos
muestra que la desaparición del sistema de Cajas ha sido premeditado con el
objetivo de ampliar el negocio de los grandes bancos y que nunca más se
atreviesen a competir con ellos. Así las nacionalizaciones, una vez más, se han
producido para nacionalizar las pérdidas, sin que en ningún momento se pensase
en nacionalizar los futuros beneficios posibles.
Pierden los trabajadores
de las Cajas y los pequeños ahorradores, pierden los contribuyentes que aportarán
al rescate y a los resultados futuros del Banco Malo y, como en los casinos,
gana la Banca.
Lo que esto aporte a la
recuperación del crédito para promover el crecimiento va a ser nulo.
Andrés
Gómez
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