LA DESVERGÜENZA SOBRE LAS PENSIONES

Como era de prever, sólo cinco días después de las elecciones catalanas ha habido noticias sobre las pensiones.

Zapatero las congeló pero respetó la revisión (paga) de final de año y actualizó las mínimas. Rajoy dice que no las congela, actualiza para 2013 el 1% con carácter general y el 2% a las de menos de mil euros, pero se carga la revisión a final de año -paga y 1,9% de incremento adicional para las tablas del próximo año- con un efecto final de mayor pérdida de poder adquisitivo.

Entre las defensas de esta decisión destaca la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha vaticinado que "los pensionistas están agradecidos al PP por su decisión". ¡Como lo leéis!.

Por su parte Rajoy explica que la decisión no se debe a ninguna imposición de Europa sino a la realidad. Lo que no explica es en qué ha cambiado esta realidad después de las elecciones catalanas, para que antes dijese una cosa y ahora otra bien distinta.

Ni Pacto de Toledo. Ni consulta a los agentes sociales -quizás discretamente sí a la patronal. Todas las promesas electorales, todas las declaraciones hasta el sábado anterior a las elecciones catalanas, a la papelera.

No es sólo la medida adoptada. Es que habían hecho el compromiso solemne de que ellos nunca vulnerarían -como Zapatero- la obligatoriedad de pasar las decisiones sobre pensiones por el Pacto de Toledo, antes de adoptarlas, para que tema tan sensible fuese una cuestión de Estado y no partidaria.

A nadie se le oculta que con la evolución del empleo a que nos abocan las política de ultra austeridad que aplican, las pensiones corren un riesgo que hay que analizar. Pero a nadie se le oculta tampoco que, precisamente por esas política ultras, por el crecimiento del paro y la caída de los salarios, las pensiones son cada vez más importantes para muchas familias y que, en cuestiones como éstas, no valen experimentos ni fundamentalismos como los de quienes siguen defendiendo la bajada de cotizaciones a los empresarios, que no servirían para crear ningún empleo y sí mermarían la recaudación a la Seguridad Social, y aumentarían sus problemas para el presente y, sobre todo, para el futuro, en la medida en que obligaría a hacer más uso del Fondo de Reserva.

Si fuese coherente y respondiese de verdad al interés general, el Gobierno debería buscar un acuerdo estratégico dentro del Pacto de Toledo, en lugar de adoptar una decisión unilateral que lo erosiona y, como señala CC.OO. en su denuncia ante el Tribunal Constitucional, es ilegal.

Pero tan grave como es esta decisión para el futuro de las pensiones, lo es para el maltrecho prestigio de la política.

Más allá de la injusticia de una decisión que pone, una vez más, en evidencia el distinto rasero con que se mide a la gente corriente y a la más poderosa -la decisión se toma la misma semana en que acaba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal- está la utilización premeditada de la mentira como arma política por el PP.

El PP tiene derecho a creer en unas políticas y a defenderlas si lo hace con claridad. A lo que no tiene derecho es a mentir y ocultar sus intenciones permanentemente, degradando la credibilidad de la política y atentando con ello contra el interés general que tanto dicen defender. Lo que hacen sólo tiene un calificativo: poca vergüenza.

 

Andrés Gómez