LA PARTIDA DE EUROVEGAS

Como buen dueño de casinos, Adelson juega al póker. Sus visitas a España o las de sus emisarios, dosifican la información, como si fueran naipes de póker descubierto.

Lo que busca son negocios. Por eso llama la atención la naturalidad, e incluso la sumisión, con que sus propuestas se reciben desde poderes públicos, singularmente los de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. O son como los "pardillos" de la partida, prestos para que los desplumen, o defienden intereses que nada tienen que ver con los generales de los ciudadanos y sí con los de los propietarios de suelo donde se ubicaría el proyecto.

En su última visita, aparte de los contactos oficiales con el Presidente de la Comunidad de Madrid, ha tenido una entrevista extraoficial con el Presidente Rajoy y una cena privada en el domicilio de Esperanza Aguirre que, en las últimas semanas aparece, cada vez más, como la reina madre que manda en la sombra.

En su visita anterior, la revisión de los terrenos de Alcorcón parecía prefigurar que éste sería el lugar elegido y los responsables de Las Vegas Sands insistían en su idea de obtener un retorno del 20% anual del capital invertido, o lo que es lo mismo recuperar el capital en cinco años, y en que la empresa dispondría el 30% de la inversión y necesitaría crédito para financiar el 70% restante. En nebulosa se mantenía la necesidad de cambios legislativos para convertir este espacio en un verdadero paraíso legal y fiscal en el centro de España. 

En sus declaraciones públicas tras esta visita, Adelson dice tener ya el crédito preciso para la primera fase, que costaría seis mil millones de euros. Pero, como siempre, tanto o más importantes que las declaraciones públicas son las que no se han hecho y se han filtrado a medios expertos.

Si nos quedásemos con las declaraciones oficiales, el proyecto sería un delirio imposible de alcanzar. Porque ¿de dónde saldrán los millones de turistas millonarios para garantizar los miles de millones de beneficios para amortizar aceleradamente los diecisiete mil de inversión de que se habla? ¿Qué entidades de crédito, en las circunstancias actuales, se van a fiar de un proyecto como éste para ofrecer doce mil millones de crédito?

Pero, si nos fiamos de las informaciones oficiosas, hay dos datos nuevos que nos sitúan en las verdaderas dimensiones y objetivos del proyecto.

El primero se refiere a la intención de Adelson de obtener la gestión -privatización- de IFEMA, porque considera que la parte de su negocio prevista para la promoción de congresos y eventos, es incompatible con la competencia que representaría este organismo.

El segundo es su intención de negociar la participación del Corte Inglés en el proyecto, para desarrollar la parte comercial del negocio, mediante la instalación de una gran superficie en él. Esto supondría que parte importante de la financiación la pondría esta empresa, aprovechando la actual parada de su plan de inversiones en nuevos centros.

Si juntamos las piezas nos dicen que lo único previsto es la primera fase del proyecto; que el Sr. Adelson financiaría dos mil millones; que el Corte Inglés debería poner otros mil y que la parte de promoción de congresos y eventos se haría con la actual estructura de IFEMA (Comunidad de Madrid), pero privatizada y con la gestión en manos de Las Vegas Sands. No se habla del Palacio Municipal de Congresos, pero se supone que, de una u otra forma, entraría en el negocio.

O lo que es lo mismo, que su negocio es el juego, que es la actividad que ellos pondrían, y que el resto giraría en torno a ella.

Nada que objetar a la participación del Corte Inglés, que es un negocio privado, aunque ellos deberían considerar si su prioridad, en estos momentos, es un nuevo equipamiento en Madrid, en un lugar como ese. Aunque es obvio que si decidiesen participar sería en detrimento de otras inversiones futuras y que, lo comido por servido, el empleo que se generase allí no se generaría en otro sitio.

Lo de IFEMA es harina de otro costal. Porque es evidente que la creación de una infraestructura nueva, requiere una fuerte inversión que difícilmente, y más en la situación de crisis actual, se traduciría en nueva actividad, en competencia con instalaciones adecuadas ya existentes. Pero también lo es que tanto IFEMA como el Palacio Municipal de Congresos son instalaciones públicas consolidadas, con inversiones ya hechas con el dinero de todos los madrileños y rentables desde hace años. Meter a IFEMA y Espacios y Congresos en esa operación sería, una vez más, un expolio de patrimonio público, a los que la derecha acostumbra, y en una operación de éxito dudoso.

Adicionalmente, si la parte de Congresos y eventos, se centra en IFEMA y el Palacio Municipal de Congresos, que actualmente tienen sus propias estructuras, la creación de nuevo empleo para estas actividades será residual.

De ser ésta la operación, condicionaría además la ubicación de Eurovegas, ya que la localización de estas instalaciones en la zona norte de Madrid y en las inmediaciones del Aeropuerto, llevaría las nuevas inversiones a zonas cercanas y comunicadas con ellas.

Así, el volumen de la operación real de que se está hablando se centraría en la parte del juego, la hotelera y los servicios de restauración y en un volumen de inversión nueva que no superaría los cinco mil millones de euros.

Y aún así da la impresión de que Mr. Adelson no ha dicho la última palabra. De hecho ha vuelto a retrasar la decisión a noviembre y la previsible iniciación de las obras a finales de 2013. No le hace falta enseñar sus cartas, porque las administraciones madrileñas están descubriendo precipitadamente todas las suyas.

Es lo que tiene haber hecho una apuesta demagógica y vendido la piel de veinte osos antes de cazar ninguno, que acabas haciendo todas las concesiones, porque si el proyecto al final no saliese haces el ridículo. Lo que tampoco es descartable, porque Las Vegas Sands, todavía no se han comprometido a nada, cada vez ponen nuevas condiciones sobre la mesa y si se las aceptan, al final, en función de todas las informaciones, incluyendo la situación económica general en España y Europa, que es el mercado al que se dirigen, decidirán si continúan o no con el proyecto.

Y, tiempo al tiempo, el "no" todavía es lo más probable, dada la evolución de la situación.

 

Andrés Gómez

 

 

LA DESIGUALDAD EN ESPAÑA

ES CADA VEZ MAYOR

El avance de los datos de Eurostat sobre la evolución de la desigualdad en la UE durante 2010 y 2011, no dejan en buen lugar a España.

Estos datos se refuerzan si analizamos en paralelo los cambios experimentados en la composición de la renta disponible en nuestro país y los complementamos con otros factores que los explican, como la evolución del empleo o la de los salarios reales.

La cuestión no es menor, muestra con datos macroeconómicos que el coste de la crisis se está descargando sobre la inmensa mayoría de la población y, sobre todo, sobre los desempleados y los trabajadores con salarios más bajos.

Lo que Stiglitz  analiza, desde la década de los noventa del pasado siglo para EE.UU. en su último libro y que define como "el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita", en España había comenzado a producirse a partir del año 2000 y se ha multiplicado desde el inicio de la crisis.

La distribución de la renta nacional, excluidos los impuestos, muestra que entre el año 2000 y el 2008 el peso de las rentas salariales sobre el total bajó del 55,1 al 54% y el de los excedentes empresariales subió del 44,9 al 46%.

La estimación del Instituto Nacional de Estadística para los dos primeros trimestres de 2012, permite analizar la evolución hasta este período desde 2008 o, lo que es lo mismo, para lo que va de crisis, y muestra que en tanto las rentas empresariales han ganado otros tres puntos y medio hasta el 49,5% del total, las salariales los han perdido hasta el 50,5. Esto traducido a valores absolutos implica que mientras los salarios han perdido 50 mil millones en el período, los excedentes habrán ganado 20 mil, en lo que va de crisis.

Por otro lado las cifras de distribución personal, reflejadas en los índices de desigualdad dados a conocer por Eurostat, reflejan que mientras en 2008 el 20% de la población con mayores ingresos, tenía una renta media 5,6 veces superior a la del 20% de la población con menos ingresos, en 2011 la relación es 7,5 veces superior.

Es de destacar que esta relación también ha empeorado para la media de la UE, pero apenas medio punto, de 5,1 a 5,6. O lo que es lo mismo, que nuestra peor situación se está resolviendo con una mayor desigualdad que explica la depresión del consumo y el alejamiento de la recuperación porque, en una espiral de injusticia e ineficacia económica, cuanta más desigualdad haya más se resentirá el consumo.

Una caída superior al 8% del empleo y del 3% del salario hora nominal desde 2008, superior al 7% si incorporamos la diferencia de inflación con la UE, explican esta evolución y el empeoramiento de la relación con la media de la Unión.

Una tendencia que se acentúa ya que, si en 2010 la caída del salario real fue del 0,4%, en 2011 alcanzó el 1,9% y para 2012, según los datos de septiembre, superará el 2,1%. Paradójicamente avanzan los salarios y rentas más altos, los que no están sujetos a negociación colectiva, y retroceden todos los demás

En EE.UU., Stiglitz nos sitúa ante la realidad de una hegemonía  neoconservadora en la economía que ha conseguido en los últimos veinte años incrementar la desigualdad hasta límites inaceptables. En España, la crisis, acentuada en pocos meses por las políticas del PP, amenaza con los mismos resultados en menos tiempo.

La reforma laboral y los recortes en el sector público seguirán reduciendo el empleo, la de la negociación colectiva presionará los salarios a la baja, los recortes sociales y unas medidas fiscales que repercuten sólo en los trabajadores y las capas medias producirán una regresión adicional en la distribución de la renta y la riqueza. Todos estos factores continuarán deprimiendo el consumo y el ahorro de la mayoría de la población y sólo mejorará la capacidad de acumulación de los que mayor propensión tienen a sacar dinero del país. O lo que es lo mismo añadirán crisis a la crisis.

Las contradicciones en la construcción europea, las políticas aplicadas por la derecha en este ámbito y el sálvese quien pueda encabezado por Alemania, no favorecen el final de la crisis. Pero del crecimiento de la desigualdad en España, Europa no es la principal responsable.

Frente a esta injusticia e incoherencia económica, no hay más salida que volver a la lógica de un mejor reparto de los recursos económicos.

Reparto del empleo, porque con el crecimiento posible en estas circunstancias no hay otra forma de garantizar creación neta de empleo. Reparto de rentas salariales y excedentes empresariales, para garantizar que el reparto de empleo se realiza con justicia.

Una reforma fiscal progresiva que afecte al conjunto de los impuestos, que grave más las grandes rentas y fortunas y a las empresas con mayores beneficios, que persiga el gran fraude fiscal, permitiendo simultáneamente una reducción paulatina del déficit y recuperación del gasto público para adoptar medidas de estímulo económico y recuperación del gasto social para proteger a la mayoría.

La recuperación del consumo depende más de que crezca la capacidad de consumir de los que menos que tienen que de consuman más los que ya consumen todo. La recuperación de la inversión depende más de la renovación de bienes de equipo o nuevas inversiones de las empresas productivas y competitivas, que de la acumulación de inversión financiera especulativa y eso sólo se conseguirá con crecimiento de empleo, exportación y consumo. La deriva actual es inmoral y además nos lleva al precipicio.

 

Andrés Gómez

 

 

EL 25 S NO ES EL 15 M
 

El Ministerio del Interior acusa a los manifestantes del 25 S de querer tumbar el sistema. Días antes de la manifestación Dolores de Cospedal y la Delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, caldean el ambiente comparando esa manifestación con el intento de golpe de estado del 23 F. Los hechos de esa manifestación y de como de una protesta pacífica se exprime la imagen de violencia, son suficientemente conocidos. Como lo es el intento fallido de criminalizar a sus organizadores, intentando su imputación por delito contra las instituciones del Estado, por una supuesta intención de ocupar el Congreso de los Diputados, de la que nadie vio ni un atisbo y, consecuentemente, ha sido rechazada por la Audiencia Nacional.
 

De las barbaridades que sobre ello han vertido desde el TDT party y otros sectores de la extrema derecha más vale ni hablar.
 

Vueltas las aguas a la tranquilidad, salvo los excesos valorativos del Juez Pedraz y los mayores excesos del popular Rafael Hernando,  y eximidos promotores y asistentes de cualquier responsabilidad, es oportuna una reflexión política profunda sobre los objetivos de los manifestantes y el efecto real de la manifestación. Porque, pese a las comparaciones interesadas, ni en sus objetivos, ni en su desarrollo y efectos, el 25 S  tiene que ver con el 15 M.
 

El 15 M ponía el foco en la crisis y sus causantes, un sector financiero sin control, denunciaba que los paganos eran los que no tenían responsabilidad alguna, defendía el estado de bienestar y la necesidad de regenerar la política, en suma. El 25 S olvida todo eso y se convierte en una arremetida, sin matices, contra los políticos elegidos.
 

Objetivamente, tal como se ha planteado, convierte la reivindicación en un arma en manos del PP, o al menos de sus sectores más derechistas. Les da armas ideológicas porque, independientemente de sus fallos y los problemas existentes, no se puede rechazar, de forma inconsciente, la democracia representativa -ya les gustaría a algunos que no hubiese elecciones- y también armas políticas, porque los eslóganes de la manifestación y el uso de la fuerza pública les sirven para apretar las filas de los suyos y tapar el desgaste que sus recortes les están produciendo entre sus votantes.
 

Además, a la concepción política de ese PP ya le viene bien un ambiente contrario a los políticos -la política- que les permite, a rio revuelto, proponer reducciones de representantes o eliminación de sus sueldos, que solo les benefician a ellos y buscan oligarquizar aún más, a su favor, la política.
 

Independientemente de sus objetivos, los que promueven, en lugar de la regeneración de la política, un discurso simplista contra los políticos, contribuyen a los intereses de un PP, que busca restringir la democracia. Al que le vienen mejor, sin que llegue la sangre al rio, manifestaciones en que algunos provocadores o descerebrados contribuyan a la imagen de violencia, que acciones más masivas, aunque se minimicen, responsables y que creen conciencia de la necesidad de trabajar pacientemente para recuperar la política.
 

Porque el malestar sobre la política y los políticos es un dato, el problema es como regenerarla, tras años y años de hegemonía conservadora, y en un contexto de globalización sin reglas que la ha debilitado profundamente. En un marco degradado, en que una parte del mundo de los negocios ha conseguido corromper a una parte del mundo de la política, aunque cuando se habla de corrupción casi siempre se habla de los corruptos y casi nunca de los corruptores.
 

Tan obvia es la necesidad de regenerar la política como la dificultad para hacerlo. Quien se crea que puede hacerse de la noche a la mañana incurre en una gran torpeza. Y quien crea que la necesidad de mejorar la participación de los ciudadanos se puede hacer a costa de la democracia representativa, comete una tremenda equivocación.
 

En sociedades complejas y de masas como las que vivimos, las elecciones de representantes políticos son imprescindibles y para que existan elecciones democráticas, las organizaciones políticas, es decir los partidos son insustituibles. Se puede, y en nuestro caso se debería, cambiar la Ley electoral, pero sin simplezas, porque su principal déficit es la representatividad, el que haya diputados que valgan el triple o más de votos que otros. Y sin embargo el voto directo al representante no sólo es un problema menor -en sistemas como el norteamericano, el británico o parcialmente en el italiano la corrupción existe aunque se traslade del partido al candidato- sino que puede limitar, vía voto mayoritario, aún más la representatividad y beneficiar a los partidos o candidatos que tengan más dinero para las campañas.
 

Por eso el problema principal son los partidos, el cómo se puede abordar una reforma y renovación de sus estructuras y funcionamientos, cómo se hacen más democráticos y conectan y responden mejor al apoyo y los intereses de sus electores, lo que no es fácil dados los vicios acumulados durante años en sus aparatos, y la presión creciente que desde los aparatos económicos se ha ejercido sobre ellos. Y éste no es un problema general, porque los ciudadanos que se ubican más a la izquierda en política son, lógicamente, más exigentes con sus representantes que los de la derecha.
 

Pero los que ahora denuestan a los políticos deben ser conscientes de que los logros que ahora nos recortan y defendemos, han sido posibles por la política. Que la mayoría de los equipamientos e infraestructuras que hoy tenemos se deben a la democracia y la política, que la educación, la sanidad, los servicios sociales, o las pensiones universales se consiguieron en democracia y con la política.

Que nadie equivoque el blanco, hay que denunciar a los políticos corruptos o acomodaticios, no a todos los políticos. Hay que presionar a los partidos para que cambien, hay que entrar en los partidos para cambiarlos o hay que crear nuevos partidos, con mayor participación y apoyo para tener representación política, no descalificar a los partidos de forma general. Es un trabajo difícil, paciente y de resultados lentos, pero no queda otro.
 

El límite del 15 M es que, acertando en una parte importante del diagnóstico, no ha sabido traducirlo hasta ahora en influencia y resultado político. El del 28 S es que ha renunciado a hacerlo y se ha quedado, aunque no fuese la intención de sus participantes, en la descalificación de la política.
 

La responsabilidad en la situación de los partidos de la izquierda, su renuncia a cambiar el fondo y la forma de hacer la política son obvios y requerirían mayor análisis. Pero si el malestar generado por las políticas del PP, si su desgaste no se traduce en una pérdida de la mayoría de su representación, la movilización habrá tenido un efecto limitado, y la frustración con la política crecerá. Esto es lo que mejor le viene a la derecha, a la política y, sobre todo, a la económica, que trabaja para ello desde hace mucho tiempo.

 

 Andrés Gómez

PGES 2013: RAJOY EN SU LABERINTO
 

Una vez más Rajoy gana tiempo. El proyecto de PGES 2013 avanza unos recortes pero guarda otros. Es una estrategia que busca pasar, minimizando los daños a su partido, los procesos electorales autonómicos anticipados, tanto los previstos en el País Vasco y Galicia, como el imprevisto de Cataluña.
 

Al mismo tiempo busca diluir el impacto político del rescate, en coincidencia, en este caso, con los intereses electorales de Merkel y la derecha alemana. A Rajoy le viene bien no avanzar el rescate hasta pasadas la elecciones autonómicas y a Merkel le viene bien que no se hable del rescate de España, dado el estado de la opinión pública alemana y la contestación que tiene al respecto en sus propias filas.

Más allá del nefasto significado que tiene el uso partidario de un tema de esta envergadura, que puede arruinar el futuro a millones de personas, está la diferencia de plazos entre los intereses de unos y otros. Mientras al PP le basta con llegar a diciembre de este año, la derecha alemana necesita mantener el ten con ten hasta octubre del año próximo. El coste para la economía española del primer plazo es grande, el del segundo puede ser insoportable.
 

En el proyecto de presupuestos para 2013, el Gobierno hace un aparente ejercicio de voluntarismo, en una previsión de ingresos que se apoya en las subidas de impuestos recientemente aprobadas, pero también en una previsión de caída mínima del PIB que difícilmente se cumplirá, porque ignora el deterioro que la reducción del gasto público está provocando en el consumo y la inversión, y el que seguirá produciendo en 2013 por la continuidad de esa reducción.
 

Pero el nudo gordiano del Presupuesto, que el Gobierno exhibe y no oculta porque le sirve para reforzar su argumentación de que se ve obligado a los recortes, es la subida de los costes financieros de la deuda, que superarán los 38 mil millones de euros y alcanzarán casi el 23% del gasto total en 2013.
 

Conviene recordar que en 2010 y 2011, últimos años de gobierno socialista, los tipos efectivos pagados por el conjunto de la deuda se situaron en el 2,9% en ambos años, y que el último año su coste financiero suponía el 14% del gasto. En 2012 y 2013 el Gobierno prevé que los tipos efectivos escalen al 3,7 y 4,4% respectivamente.
 

Esos tipos implican que la parte más importante del incremento de los costes de la deuda se sufrirán este año y el próximo y que de la parte que se debe al incremento de la deuda viva, más de 60 mil millones se corresponderán a las pérdidas del FROB y al rescate a la banca, es decir a ayudas al sector financiero. El incremento del coste en 2012 y, según la previsión, en 2013, es decir en período de gobierno del PP y con decisiones políticas suyas, será, si no se remedia, de casi el 75%.
 

Lo insostenible de esta situación es obvio porque, de no corregirse, llevaría a una espiral de recortar más gasto o subir más impuestos, sólo para pagar los intereses de la deuda. Y la evolución de la prima de riesgo no vaticina reducciones importantes ya que, en el período del gobierno actual, se ha incrementado en una media de 200 puntos con relación a la media de 2011 y se resiste a bajar de los 400-450 puntos, lo que supone intereses a largo plazo del entre el 5 y el 6%.
 

Lo que esta situación le debe a la falta de una sólida política europea es evidente, ya que a pesar de la mala situación española o italiana, es inexplicable que países con niveles de deuda pública, en relación a sus producción anual, iguales o inferiores a los de otros, paguen por sus deudas 5 o 6 puntos más de interés. Porque no se trata sólo de que los ciudadanos alemanes no quieran asumir el riesgo de pagar la deuda de otros, también de que su Gobierno se siente cómodo pagando por su deuda intereses mínimos, cuando otros los pagan máximos. Inexplicable y suicida porque puede llevar al punto en que el impago de la deuda de los países más castigados sea inevitable.
 

Pero Europa no lo explica todo. La torpeza del PP en su gestión sobre el sector financiero o su manipulación visible de los plazos por motivos electorales partidarios, ha provocado desconfianza y atizado la prima de riesgo. La política de recortes indiscriminados, la subida de impuestos sólo a las clases medias y la reducción continuada de salarios reales, proyecta tozudamente que, así, el consumo y la inversión difícilmente se recuperarán.
 

Del crecimiento del fraude incentivado por la crisis, pero también por una amnistía fiscal absurda e ineficaz; de que se renuncie a una reforma fiscal en que paguen más las grandes fortunas; de que no se graven las transacciones financieras especulativas; de que se siga permitiendo que el tipo efectivo de impuesto a las empresas en España sea de los más bajos de Europa, el PP también es responsable. Y eso son muchos miles de millones de euros.
 

Como señalaba recientemente Ignacio Sotelo en un artículo en El País, Alemania no es responsable de que Rajoy renuncie a que los ricos españoles paguen impuestos como los alemanes, causa de que la presión fiscal en España esté diez puntos por debajo de la alemana, y ese sea el motivo principal por el que no se puede mantener el gasto público.
 

Ese es el laberinto de Rajoy, el de un rescate que no se quiere reconocer y que, aunque se vista de financiación de deuda por el BCE, bienvenida en todo caso, va a verse sometida a condiciones, unas ya cumplidas con sucesivos recortes brutales y otras, como las de las pensiones que, aunque se aplacen, se van a producir.
 

Pero esto, aunque sea un alivio para el déficit, no será la solución. Porque ¿para cuándo el estímulo al crecimiento y la recuperación, que sin gasto público ni crédito no se producirá?.

 

Andrés Gómez

 

 

SANTIAGO

Cuando no se quiere hablar bien de alguien es un lugar común hacerlo de claroscuros y luces y sombras. Es un tópico, porque no hay ser humano que haga todo bien a lo largo de su vida, y porque en personajes públicos, sometidos a escrutinio, es imposible que no haya controversia. Así Santiago Carrillo cumple esta regla.

Los partidos políticos tienen sentido en la medida en que influyen  en la sociedad y su devenir. En ese sentido la historia del PCE es corta y fructífera. Es una historia que empieza con la estrategia de los Frentes Populares en 1936, que le permite crecer y jugar un papel protagonista en defensa de la República durante la Guerra Civil, y que termina con la transición democrática en nuestro país, y su incontestable aportación a un régimen de libertades, cuando se le reconocía como "el Partido".

Santiago es protagonista directo de esa historia desde el principio hasta el final. En la República, en la clandestinidad y la lucha contra el franquismo y, finalmente, en la recuperación de la democracia. Una historia, no conviene olvidarlo, de casi cincuenta años, de los que casi cuarenta en clandestinidad, en su mayoría muy dura.

Sobre Paracuellos no se puede decir más ni mejor, que lo dicho en el artículo que Paul Preston, Ángel Viñas, Fernando Hernández y José Luis Ledesma publicaron en El País el pasado 21 de septiembre.

Conocí a Santiago antes intelectualmente que personalmente. Poco después de entrar en el "Partido", me pusieron a disposición de la Comisión de Formación de Madrid, para dar cursos sobre el Manifiesto Programa a sindicalistas metalúrgicos en el despacho laboralista de la calle Españoleto, ante el crecimiento que entonces, finales de 1975, estaba teniendo la militancia.

Aparte de la insensatez que representaba que alguien como yo, que llevaba apenas dos años en el PCE, tuviese que formar a sindicalistas con más experiencia, eso me obligó a una inmersión, no sólo en el Manifiesto, sino también en la teoría del partido y a lecturas como "Nuevos enfoques a problemas de hoy" o "¿Después de Franco qué?" que, para mí, que me situaba ideológicamente entre el socialismo de izquierda y el comunismo, fueron un flechazo.

Soy de una generación que se formó políticamente en el eurocomunismo, que llegó al partido con la condena de la invasión de Checoslovaquia y el distanciamiento del PCUS ya hechos. Pero ni una cosa ni la otra me impidieron analizar esos hechos y otros anteriores, dentro de un contexto y de una idea general de que en política las ideas son muy importantes, pero que nadie por sí sólo es capaz de hacerlas avanzar, lo que da valor a algo tan complejo y tan frágil a veces en política, como es la organización. Eso también lo aprendí de un Santiago que, por su historia y experiencia, podía ser al mismo tiempo hombre de Estado y de Partido.

Por eso cuando conocí hechos como la expulsión de Claudín o Semprún, o cuando leí sus respectivas interpretaciones, sin dejar de entenderlos, tuve claro que Santiago había tenido más razón.

Alguien que conozca la historia y sepa de política, no puede olvidar que el cambio de una estrategia de lucha armada a otra de reconciliación y trabajo en la sociedad, le costó al PCE sus primeras escisiones, que posteriormente dieron lugar a la creación del PCE ml y al maoísmo español.

Como tampoco puede abstraerse de la dependencia de la Unión Soviética, en condiciones de dura clandestinidad, que condicionaba las ideas y, por qué no decirlo, la vida, de muchos militantes y dirigentes, dentro de España y, sobre todo, en el exilio.

En este sentido su elección como Secretario General del PCE, se produjo siendo Nikita Jruchov máximo dirigente del PCUS y en pleno proceso de desestalinización, lo que obviamente la facilitó.

Pero ese hecho no impedía que el peso de algunos dirigentes históricos, más ligados al período anterior, fuese muy importante y que los cambios que, a partir de ese momento se gestaron aceleradamente dentro del PCE, produjesen chirridos y exigiesen una gran prudencia para evitar nuevas escisiones que, además, pudiesen tutelarse desde un PCUS, que seguía considerándose el partido dirigente del comunismo internacional.

Este riesgo se confirmó tras la condena de la invasión soviética de Checoslovaquia, cuando se produjo la salida Lister y Eduardo García del Partido, y sobre todo quedó larvada una corriente prosoviética, que se manifestó con claridad durante la transición.

Por eso aunque Claudín y Semprún acertasen en buena parte del diagnóstico, Carrillo nunca lo negó, el cambio de estrategia que proponían en ese momento hubiese tenido un coste para el Partido que en la práctica le habría dificultado, y mucho, el seguir haciendo política e influir en el futuro de España. Como siempre las ideas son importantes, pero si te quedas sin herramientas para desarrollarlas sirven para poco.

Y sin embargo en los años posteriores se pusieron las bases para el eurocomunismo, y el Partido y la lucha contra el franquismo crecieron en la primera confluencia práctica de lo que después se definió como la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura, que unió a miles de luchadores antifranquistas de varias generaciones. Son los años en que se abandona la política de oposición sindical, se crean las comisiones obreras y se obtienen las primeras victorias en las elecciones del Sindicato Vertical. Son también los años de la creación de la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), posteriormente del SDEU, y de las grandes movilizaciones en la Universidad.

La transición de la que tanto se ha hablado es una gran desconocida. Mucho se ha hablado de la Ley de Reforma política y del papel del Rey, que sin duda fueron importantes, pero bastante menos de la importancia de la movilización social en el proceso.

El impulso de la estrategia de la alianza de las fuerzas del trabajo y la cultura y el Pacto por la Libertad, en la que la inteligencia y determinación de Santiago fueron decisivas, provocó que, a la muerte de Franco, las Candidaturas Unitarias promovidas por Comisiones, ganaran ampliamente las últimas elecciones al Sindicato Vertical, que lo mismo sucediese en muchos Colegios Profesionales y que entre finales de 1975 y 1976 se desarrollase el mayor proceso de huelgas y manifestaciones conocido desde la II República.

Ese proceso de movilización fue decisivo para acabar de convencer a los reformistas del régimen de la inevitabilidad y profundidad de la reforma necesaria. No fue tan idílico como hoy se ve. Costó muertos porque los  sectores inmovilistas y la extrema derecha se resistieron y entraron en una espiral de provocaciones que desembocó en el asesinato de los abogados de Atocha, y estuvo siempre bajo la vigilancia de un Ejército, que no era lo que es hoy.

Y una gran parte de ese proceso Santiago no lo dirigió desde Paris. En 1976 ya se instaló clandestinamente en Madrid donde participó en el desarrollo de toda la estrategia de PCE y su criterio fue crucial en la decisión de convertir Comisiones Obreras en sindicato, frente a la idea de sectores del Partido de mantenerlo como movimiento socio político y construir un sindicato unitario desde las estructuras ocupadas en el Sindicato Vertical. Es el momento en el que acceden a la dirección del Partido centenares de cuadros jóvenes del interior.

La legalización del PCE era el espejo en que se miraba el futuro de la democracia en España y la aceptación de la monarquía y la bandera el precio a pagar por ella. Decisión controvertida hasta hoy. Pero no hay que olvidar que, en aquel momento, muchas fuerzas políticas, incluida la socialdemocracia internacional, aceptaban con naturalidad que el PCE no fuera legal.

Las primeras elecciones democráticas se celebraron sin exclusiones y abrieron un proceso constituyente. El PCE había conseguido su objetivo, aunque al precio de que un partido que tenía casi cuatrocientos mil afiliados, solo alcanzó un millón ochocientos mil votos. El clima inestable de esos tiempos y la presión permanente de un ejército, con un fuerte componente franquista todavía, contribuyó a que una parte del electorado optase por opciones de izquierda más moderada.

Algunos achacaron a Santiago, al grupo de dirigentes más veteranos y lo que consideraban escasa renovación el resultado. Otros lo hicieron al exceso de pactismo y las renuncias. Ni unos ni otros tenían razón, porque la convocatoria de unas elecciones sin los comunistas, nos hubiese obligado o bien a una escalada en solitario de la movilización, que habría incrementado la inestabilidad, o bien a una derrota electoral que, sin nuestra presencia, habría sido mayor y acelerado la crisis interna posterior.

Lo conocí personalmente, de forma más directa que en los mítines o las reuniones amplias de partido, a finales de 1980, cuando la crisis del PCE avanzaba ya a velocidad de crucero.

El intento de Golpe de Estado del 23 F de 1981 no sólo mostró el valor político de Santiago, como el de Suárez y Gutiérrez Mellado. Mostró, sobre todo, los límites que tenían en esas circunstancias las posibilidades de un PCE y una UCD, que habían sido los principales factores de la democracia. En el caso del Partido, la tensión se acentuaba por la atracción que un PSOE, ya cercano al Gobierno, ejercía sobre un sector, y por la presión de otro sector prosoviético que, ajeno al derrumbe que se avecinaba, se refugiaba en las viejas certezas.

La derrota y la exclusión del PCE nos abocaron a la aventura de la Mesa por la Unidad de los Comunistas y el PTE. Era la única posibilidad para intentar influir en política y en la recomposición de la izquierda. Pero Santiago nunca pretendió aquello como un partido con voluntad de permanencia, con lo que una vez constatamos la imposibilidad de influir de alguna manera en la política española, fue él mismo el que propuso que ingresásemos en el PSOE para intentar participar en el cambio que requería la izquierda en los nuevos tiempos. Gorbachov intentaba reformar la vieja Unión Soviética y el Muro de Berlín estaba al caer.

Nos acompañó hasta la puerta y no entró. Lúcidamente, como siempre, sabía que su historia se lo impedía.

Desde entonces, tuve el privilegio, junto a otros amigos, de disfrutar de él, de su inmensa capacidad y experiencia política, de su vitalidad, de su sentido del humor y de su carácter. Tuve la suerte de compartir   los almuerzos que periódicamente celebrábamos, y constatar hasta el último, el pasado julio, que no sólo mantenía sus ideas, sino también sus ganas de hacer política desde el ámbito en que pudiese, de contribuir a un mundo más justo, más equitativo y más democrático.

Porque Santiago, dentro o fuera, siempre fue un hombre de Partido que combinaba sabiamente pensamiento y acción.

Hasta siempre Santiago. Hasta siempre camarada.

·         "C'est un joli nom camarade. C'est un joli nom tu sais. Dans mon coeur battant la chamade. Pour qu'il revive á jamais": Jean Ferrat -Camarade (1969)

Andrés Gómez

¡YA QUISIÉRAMOS QUE LO DE CATALUÑA FUESE UNA ALGARABÍA!

O Rajoy no se entera o se hace el loco, que no se sabe que es peor.

En el crecimiento del independentismo en Cataluña han influido varios factores. De un lado, desde el inicio de la transición democrática, entre un cuarto y un tercio de la población catalana se ha pronunciado en las encuestas por la independencia. De otro, el fracaso del intento de Zapatero de abordar el cambio territorial por la vía de la reforma de los Estatutos de Autonomía, y no por la propuesta de reforma constitucional. La sentencia del TC que, después del compromiso solemne del entonces Presidente, de que lo que dijeran los catalanes iría a misa, modificó sustancialmente lo aprobado en Cataluña, atizando el malestar y los agravios.

Pero más importante que todo esto, ha sido el papel jugado en este tiempo por las derechas catalana y española. Unas derechas que, desde que se inicio la crisis, han coincidido en lo básico de la política económica y, desde que coinciden en los respectivos gobiernos, en la dureza de los recortes. Unas derechas que han buscado en los nacionalismos español y catalán, envolverse en las banderas, una cortina de humo con que ocultar la agresividad de sus políticas.

Es histórico el daño que han hecho tanto las proclamas anti catalanas de destacados dirigentes del PP, como las descalificaciones generalizadas contra "Madrid" de algunos nacionalistas. Incluidas sus respectivas televisiones públicas autonómicas. Pero la prolongación de estos discursos, en unas circunstancias de crisis como las que vivimos, con un malestar creciente entre las poblaciones, los ha convertido, sobre todo en Cataluña, en un arma letal.

A nadie se le oculta que CiU, ha encontrado en el giro al independentismo, un arma poderosa para justificar la dureza de sus políticas. Y, por el momento, ha tenido éxito, porque el mensaje simple de que si no se aportasen recursos a España no se habría tenido que recortar y Cataluña sería como un país del Norte de Europa y no como uno del Sur, ha tapado cualquier contestación social y les permite anticipar las elecciones, con la coartada de la independencia y mejorando sus expectativas según las encuestas.

¿Pero cuáles son las diferencias estratégicas en el modelo económico social o en las políticas frente a la crisis de CiU y PP?. Ninguna.

El problema real de Cataluña es más de financiación que de autogobierno. En el ejercicio de sus competencias, la Generalitat, desde los primeros gobiernos de Jordi Pujol, optó por un modelo de servicios públicos, más privatizado y de negocio que el del resto de España, en el que los conciertos en Educación, Sanidad o Servicios Sociales han estado más extendidos, con el consiguiente encarecimiento de estos servicios. El tripartito, condicionado por los nacionalistas de fuera y dentro del PSC, no hizo nada para corregirlo.

Pero este modelo es justo el mismo que defiende y aplica, cuando gobierna, el PP. Y sobre esto se ha hablado muy poco, singularmente el PP, porque existía una coincidencia básica entre las derechas catalana y española, sobre el modelo, que se ha puesto más en evidencia, durante la crisis

Por eso la mayor responsabilidad y el mayor daño lo han hecho esas derechas que, en nombre de un patriotismo verbal, se han abrazado a las respectivas banderas para mantener sus privilegios y para que la crisis la paguemos todos, menos los suyos, las "grandes familias" españolas o catalanas.

Sí hay un problema de financiación, para Cataluña y otras Comunidades con más recursos como la de Madrid o la de Baleares. La construcción del Estado Autonómico y la necesidad de garantizar la igualdad de derechos a los ciudadano de toda España, ha llevado a sucesivas fórmulas de financiación que han favorecido mucho a las Comunidades más atrasadas, hasta el punto de que en algunas de ellas, los servicios públicos están mejor atendidos que en las zonas pobres de los territorios más ricos.

No es solo una cuestión territorial, también lo es de distribución de renta y de las políticas que los Gobiernos de CiU y el PP, han aplicado, por ejemplo, en Cataluña o la Comunidad de Madrid, pero también es un problema de financiación de las Comunidades, porque un modelo válido en un principio para resolver los déficits de los territorios con menor riqueza, puede dejar de serlo cuando esos déficits se resuelven.

Y aquí, aparte del problema más real, hay otro de hipocresía y agravio, cuando se acepta con naturalidad que Esperanza Aguirre pida cambios en la financiación favorables a Madrid y que cuando se hace desde la Generalit, se la tilde de insolidaria y pesetera.

El hecho es que el trabajador de Móstoles o Badalona, en su mayoría emigrantes, cuando vuelven a su pueblo y ven servicios que funcionan mejor que en sus barrios de residencia, no lo entienden, con el agravante en Cataluña, de convertirse en un elemento de agravio, fácilmente utilizable por el nacionalismo.

La reforma del sistema de financiación aprobada por el anterior Gobierno, mejoraba esta situación, aunque creó una fórmula excesivamente farragosa y sujeta a arbitrariedades que, además, desde el principio se enfrentó al hundimiento, por la crisis, de la recaudación de impuestos de la que depende, atizando la presión permanente al Gobierno Central de la mayoría de las Comunidades.

Que el Pacto fiscal y el sistema de concierto no sea posible no implica que no haya un sistema de financiación más justo, transparente y automático que tenga más relación con la recaudación de cada territorio -con la riqueza de sus ciudadanos- y que reconozca económicamente, de forma más real, hechos como el bilingüismo, recogidos en la Constitución, que exigen un mayor gasto, singularmente en competencias de las Comunidades como educación o cultura.

No es fácil en unas circunstancias de crisis como ésta y sólo será posible dentro de una reforma fiscal progresiva, que restablezca la recaudación, pero es imprescindible para frenar la "orgía recortadora", que de continuar incrementará entre los afectados la desafección de la política o la adhesión al nacionalismo, socavando las bases sociales no nacionalistas.

No es casual la paralización de una base de izquierdas en Cataluña, desarmada políticamente desde hace tiempo, ante el crecimiento simultáneo del nacionalismo y las políticas de derechas.

Es obvio que existe un problema catalán en España y que habrá que abordar en el futuro reformas en el encaje constitucional y territorial del Estado, para la construcción y consolidación de un modelo federal estable. Pero también lo es que desde la izquierda es imprescindible retomar la iniciativa política para poner en evidencia que, a pesar del riesgo de choque de trenes conducidos por las derechas, sus políticas económicas y sociales son la mismas. Que desde la reforma laboral hasta la financiera las han votado juntos.

 

Andrés Gómez

DE RESCATES E INTERVENCIONES

El avance de la decisión de rescate de la banca española, su cuantificación en una cifra indeterminada entre 60 mil y 100 mil millones de euros, y el anuncio posterior por el BCE de la posibilidad de compra, en el mercado secundario, de deudas de países con dificultades, ha tenido una reacción en los mercados que da lugar a pocos equívocos.

La mejora en las Bolsas, singularmente en la española, supera la de una prima de riesgo que se resiste a bajar de 400 puntos, lo que implica intereses de la deuda a largo plazo en torno al 6%.

Esta situación pone en cuestión la idea de que los rescates no costarán a los contribuyentes. Obviamente, la noticia de una inyección masiva de dinero en los bancos para cubrir los daños de la burbuja inmobiliaria, es valorada de manera distinta por los mercados, es decir como una mejora de expectativas de las empresas financieras, inmobiliarias y constructoras, al tiempo que dan por descontado que, como es el Estado el que asume la responsabilidad, su deuda se incrementará y el riesgo de devolución también, lo que influye en sus expectativas de riesgo y los intereses a pagar.

Esta tendencia también pone en cuestión el mensaje de que la creación del banco malo no tendrá coste para los contribuyentes, como afirma con rotundidad la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría. De hecho el Ministro Guindos, menos rotundo, dice que la idea es "minimizar" este coste.

Que resolver la inmensa pérdida de valor de los activos inmobiliarios dañados sin aportaciones públicas es posible, no se lo cree nadie.

Una de dos, o antes de sacarlos de los bancos se les valora por encima de su valor real y entonces el Fondo del rescate inyecta más capital a los bancos y el rescate es más caro, o lo valora a precios más bajos y el coste se producirá para la entidad gestora pública cuando los venda por debajo de su valor; y quien responderá en cualquier caso será el  Estado, o lo que es lo mismo los contribuyentes.

El hecho de establecer un período de quince años de vida para el banco malo y, por tanto, para la venta de los activos dañados gestionados, aplazará el momento en que se conozcan los resultados reales de las ventas, pero no los intereses que se pagarán por el dinero recibido, ni facilitará que aquellos activos invendibles se vendan.

Tan claro lo tienen los mercados que el día en que el Consejo de Ministros anunció su decisión, subió la Bolsa y subió también la prima de riesgo de la deuda soberana española. Y su bajada tras el anuncio posterior de Draghi se ha estancado por encima de los 400 puntos, porque ya se considera que la deuda española se incrementará, de una u otra forma, en 100 mil millones, de aquí a final de año.

El PP tiene prohibido hablar de rescate e intervención. No se trata de que uno y otra no se produzcan, sino de que no se reconozcan. Después de meses de Gobierno de Rajoy ya hemos aprendido que para saber lo que van a hacer en España, hay que estar al tanto de lo que se dice en Frankfurt, Bruselas o Londres.

Porque lo que hacen Rajoy y Guindos es hablar primero, con la menor transparencia posible, con Alemania o la UE y decretar aquí después, evitando al máximo la intervención del Parlamento. Lo crudo es que así van anticipando o incluso incrementando las condiciones del rescate, sin ni siquiera tener garantizadas las ayudas y la bajada de los tipos de interés de la deuda.

Aparentan soberanía con el único objetivo de garantizar que el PP y sólo el PP, interviene en la información de las medidas para poder adecuarlas a su interés partidario. Lo que hicieron con los Presupuestos y las medidas dirigidas a las autonomías, en el caso de las elecciones andaluzas, y lo que están haciendo ahora con el fin de salvar las gallegas y las vascas. Sólo se anticiparon con la reforma laboral y han aprendido lo que les costó.

Por eso ahora se pone sordina a las condiciones del rescate, porque una parte de ellas se han anticipado, pero estaban en las primeras "recomendaciones" de la Comisión y el BCE, y las que faltan son las referentes a pensiones y prestaciones por desempleo, de las que no se hablará hasta pasado el 21 de octubre.

Es una perversión de la democracia en la que los mercados actúan sobre las instituciones de la UE, éstas sobre el Gobierno de España y éste actúa como si decidiera, con la máxima sordina, porque en el fondo le viene bien. Le sirve de coartada para "hacer lo que hay que hacer", es decir poner en pie su programa ideológico y ajustar cuentas con una transición democrática con la que Alianza Popular, el antecedente del PP, en realidad, nunca estuvo de acuerdo. A Rajoy se le escapó en su entrevista en TVE, que la reforma del Estatuto de los Trabajadores era una necesidad desde hace treinta años, lo que entonces sólo era una reivindicación de AP y la patronal de Ferrer Salat.

Una perversión democrática en la que el PP, una vez más, lejos de hablar claro y explicar lo que quiere hacer, afrontando la reacción de la sociedad y los ciudadanos, recurre a la mentira, sólo por sus intereses partidarios.

Estamos rescatados y lo vamos a estar más. Estamos intervenidos y lo vamos a estar más. Si alguien tiene alguna duda, la prueba del nueve la tendremos en los próximos presupuestos -no cuando se presenten sino cuando salgan del Congreso- y en lo que pase en ellos con las pensiones y las prestaciones por desempleo.

El aplazamiento de su reconocimiento por Rajoy, a la espera de las elecciones del 21 de octubre, sólo provocará que la prima de riesgo, y los intereses a pagar por la deuda emitida en este período, sean más altos, con el correspondiente daño a las arcas públicas. Porque es sintomático que, mientras se reducen los salarios de los empleados públicos, en los presupuestos del próximo año será superior el coste de los intereses de la deuda que los costes de personal.

 

Andrés Gómez