LAS ENSEÑANZAS DEL CASO DIAZ FERRAN

Por la boca muere el pez. Sería injusto generalizar el caso Díaz Ferrán a todo el empresariado español, pero sería ingenuo pensar que es el único caso.

Díaz Ferrán es el ejemplo de empresario que se considera al margen de las leyes y por encima de la sociedad. Probablemente, su condición durante años de patrón de patronos le ensoberbeció hasta el límite de considerarse blindado y le llevó a una fuga adelante en la que, para ser cada vez más grande, asumió cada vez más deudas hasta reventar. Su aventura en Aerolíneas Argentinas fue el principio de su fin.

Pero como en otros casos conocidos -Nueva Rumasa- u otros que desgraciadamente se producirán por delirios de grandeza parecidos a los de éste señor, se pone de manifiesto la estupidez de una ideología que ha hecho de la obtención de dinero a cualquier precio su faro y guía. Que ha hecho de la austeridad y el trabajo para los demás un ejercicio de hipocresía que no se aplican a sí mismos.

No deja de ser irónica la coincidencia de que Ruiz Mateos y Díaz Ferrán compartiesen testaferro. Eso simboliza el que desde los que aparentan ser más tontos, hasta los que se creen más listos, son igual de egoístas y chapuceros para no asumir sus responsabilidades.

En ambos casos su torpeza se ha acentuado al no querer hacer frente a sus acreedores, empresas tan fuertes o más que las suyas, que no se andan con chiquitas y han encabezado, lógicamente, las denuncias por quiebras fraudulentas.

Pero más allá del caso en sí, de la necesidad de que actúe la justicia, se dan unas características ejemplares, que deberían extenderse a otros casos similares, y que producen enseñanzas para toda la sociedad.

La primera es que durante mucho tiempo hemos asistido a una exaltación de la figura de los empresarios, sin distinciones ni matices, cuando, como en todos los colectivos, los hay listos y torpes, diligentes y diletantes, honrados y sinvergüenzas. De tal manera que esta exaltación ha  primado a los últimos sobre los primeros, a los depredadores sobre los verdaderos empresarios.

Desde la llegada del PP al Gobierno, esta ideología se ha hecho todavía más irracional, más interesada y menos distintiva.

La continua insistencia sobre la figura del empresario como el único que crea riqueza y empleo no soporta el rigor, ni siquiera de cualquier empresario serio, que sabe que sin fuerza de trabajo la creación de riqueza es imposible y que conoce, al margen de la defensa de sus intereses frente a los de los trabajadores, que sin actividad, por muchas "reformas laborales" que se hagan, no crearán ningún empleo.

La segunda enseñanza es que las llamadas a la responsabilidad y al patriotismo de algunos de estos personajes no son más que retórica. Que en el momento de la verdad si tienen que saltarse las leyes se las saltan. Si quieren llevarse el dinero fuera de la "Patria" se lo llevan, si tienen que engañar a sus trabajadores o a otros empresarios ¡Pues los engañan!.

En el caso de Díaz Ferrán, al igual que en el de Nueva Rumasa o Teconsa, implicada en el caso Gürtel, el fondo buitre de Angel de Cabo, al parecer, desvió cantidades ingentes de dinero a paraísos fiscales, las hasta ahora detectadas seguro que son muy inferiores a las realmente desviadas. ¿Pero son estos los únicos casos?. Seguro que no. A la vista de las cantidades detectadas hace no tanto tiempo en la lista de la entidad Suiza HSBC, un solo banco en un sólo paraíso, es razonable pensar que en varios bancos y en varios paraísos hasta ahora no detectados, las cantidades se multiplicarían varias veces.

El resultado de la injusta amnistía fiscal decretada por el Gobierno es un cubito de hielo comparado con lo que hay debajo del iceberg. Treinta y ocho mil euros por declaración o poco más de cien mil si se consideran las cantidades que el Gobierno ha dado por prescritas, después de no haber recogido estos supuestos, también delictivos, en su propio decreto amnistiador. en estos casos, al igual que lo de Díaz Ferrán y Ruíz Mateos,  son sólo una pequeña parte del problema real. Y ahí se encuentra una parte importante de la dificultad para crecer y crear empleo, en las ingentes cantidades de dinero evadido y en el hundimiento de la recaudación de impuestos que implica.

Es la cultura depredadora que se sigue promoviendo, la falta de castigo y reprobación para más personajes como estos, para los que su verdadero patriotismo y su responsabilidad social reside en sus cuentas corrientes. Y el resto son cuentos.

 

Andrés Gómez

 

 

LA DESVERGÜENZA SOBRE LAS PENSIONES

Como era de prever, sólo cinco días después de las elecciones catalanas ha habido noticias sobre las pensiones.

Zapatero las congeló pero respetó la revisión (paga) de final de año y actualizó las mínimas. Rajoy dice que no las congela, actualiza para 2013 el 1% con carácter general y el 2% a las de menos de mil euros, pero se carga la revisión a final de año -paga y 1,9% de incremento adicional para las tablas del próximo año- con un efecto final de mayor pérdida de poder adquisitivo.

Entre las defensas de esta decisión destaca la del portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que ha vaticinado que "los pensionistas están agradecidos al PP por su decisión". ¡Como lo leéis!.

Por su parte Rajoy explica que la decisión no se debe a ninguna imposición de Europa sino a la realidad. Lo que no explica es en qué ha cambiado esta realidad después de las elecciones catalanas, para que antes dijese una cosa y ahora otra bien distinta.

Ni Pacto de Toledo. Ni consulta a los agentes sociales -quizás discretamente sí a la patronal. Todas las promesas electorales, todas las declaraciones hasta el sábado anterior a las elecciones catalanas, a la papelera.

No es sólo la medida adoptada. Es que habían hecho el compromiso solemne de que ellos nunca vulnerarían -como Zapatero- la obligatoriedad de pasar las decisiones sobre pensiones por el Pacto de Toledo, antes de adoptarlas, para que tema tan sensible fuese una cuestión de Estado y no partidaria.

A nadie se le oculta que con la evolución del empleo a que nos abocan las política de ultra austeridad que aplican, las pensiones corren un riesgo que hay que analizar. Pero a nadie se le oculta tampoco que, precisamente por esas política ultras, por el crecimiento del paro y la caída de los salarios, las pensiones son cada vez más importantes para muchas familias y que, en cuestiones como éstas, no valen experimentos ni fundamentalismos como los de quienes siguen defendiendo la bajada de cotizaciones a los empresarios, que no servirían para crear ningún empleo y sí mermarían la recaudación a la Seguridad Social, y aumentarían sus problemas para el presente y, sobre todo, para el futuro, en la medida en que obligaría a hacer más uso del Fondo de Reserva.

Si fuese coherente y respondiese de verdad al interés general, el Gobierno debería buscar un acuerdo estratégico dentro del Pacto de Toledo, en lugar de adoptar una decisión unilateral que lo erosiona y, como señala CC.OO. en su denuncia ante el Tribunal Constitucional, es ilegal.

Pero tan grave como es esta decisión para el futuro de las pensiones, lo es para el maltrecho prestigio de la política.

Más allá de la injusticia de una decisión que pone, una vez más, en evidencia el distinto rasero con que se mide a la gente corriente y a la más poderosa -la decisión se toma la misma semana en que acaba el plazo para acogerse a la amnistía fiscal- está la utilización premeditada de la mentira como arma política por el PP.

El PP tiene derecho a creer en unas políticas y a defenderlas si lo hace con claridad. A lo que no tiene derecho es a mentir y ocultar sus intenciones permanentemente, degradando la credibilidad de la política y atentando con ello contra el interés general que tanto dicen defender. Lo que hacen sólo tiene un calificativo: poca vergüenza.

 

Andrés Gómez

LA MAYORÍA YA NO SE GANA EN EL CENTRO

La celebración del 30º aniversario del primer Gobierno socialista ha dado lugar a diversas interpretaciones de las palabras de Felipe González sobre la supuesta pérdida de la vocación mayoritaria del Partido Socialista y si dichas palabras suponían una invitación a mirar al centro.

Cómo él no lo ha aclarado, no se sabe muy bien a qué se refería, pero el hecho concreto es que el PSOE, más que perder la vocación mayoritaria, lo que ha perdido es la mayoría. En general, en el Partido Socialista siempre ha habido una mayor predisposición a gobernar y una mayor incomodidad en la oposición y eso, ahora, sí que es un problema, porque sin construir una oposición fuerte y creíble, la vuelta al Gobierno se hace muy cuesta arriba.

El centro es un concepto más sociológico que político, siempre ha sido móvil y se ha desplazado hacia izquierda  o derecha, en función de coyunturas o hegemonías de las distintas formaciones que respondían a estas ideologías. Pero ahora no está claro lo que representa porque la crisis y las políticas aplicadas frente a ella están trastocando de tal forma los parámetros sociológicos, y sobre todo los políticos, que la situación actual poco tiene que ver con las que había antes de que se produjera. Y no es un cambio coyuntural, sino de modelo.

La crisis ha acabado con la creencia en el paradigma de las terceras vías, de que son posibles políticas socialdemócratas aunque la distribución de la riqueza vaya contra la mayoría, porque un alto crecimiento permite mejoras para todos. La caída o fuerte desaceleración del crecimiento muestra que sin mejorar la distribución de la riqueza no será posible ni mejorar, ni siquiera mantener, las políticas de bienestar tal como las conocemos hasta ahora.

La crisis, singularmente pero no sólo, en los países del Sur de Europa está empobreciendo y estrechando las capas medias de la sociedad, que fueron en los "buenos años" el sustento del llamado centrismo en política. Al mismo tiempo, la desaparición de la izquierda comunista y la creciente debilidad de la socialdemócrata, tras la caída del Muro de Berlín, ha provocado varios lustros de hegemonía ideológica de la derecha radical y casi eliminado en la práctica a la democracia cristiana en Europa, que era la representación más genuina de la derecha civilizada.

Esa hegemonía, las políticas de promoción del miedo y la creciente subordinación de la política a los mercados a que estamos asistiendo desde que se inició esta crisis están afectando a la propia democracia y reforzando a la extrema derecha política y económica.

Los recortes y la creciente desigualdad están produciendo un empobrecimiento generalizado y una erosión permanente de la clase media. Miles de familias que hace años se consideraban tal, porque tenían unos ingresos razonables y les habían dicho que su vivienda valía centenares de miles de euros, hoy se consideran simplemente trabajadores, si no están parados. No hay más que ver que el protagonismo de la movilización social ha pasado de los obreros industriales a los profesionales sanitarios, enseñantes, funcionarios o jóvenes titulados sin expectativas de futuro. Sectores que, hasta ahora, se habrían identificado como capas medias y de centro.

En estas condiciones se está produciendo, inevitablemente, una polarización política, que diluye al llamado centro y lo desplaza hacia el conservadurismo o la izquierda. En la calle, en los medios de comunicación, en los centros de trabajo, entre los amigos, las conversaciones o debates sobre la crisis se orientan a la puesta en cuestión o la necesidad de regeneración de la política por un lado, y a la injusticia en el reparto de los costes de la crisis por el otro. Eso tiene poco que ver con el centro y mucho con la recuperación de un discurso entroncado con las señas de identidad del socialismo, es decir igualdad y democracia.

Una observación de los barómetros del Centro Investigaciones Sociológicas en España desde que se inicio la crisis, muestra que, lenta pero continuamente, la gente se considera más pobre y, consecuentemente, más a la izquierda. Que el electorado del PSOE se sitúa, muy mayoritariamente, en las categorías de la izquierda.

Los sucesivos resultados y encuestas electorales desde que el PP llegó al Gobierno -con la excepción por las circunstancias de Cataluña- muestran la pérdida continua y masiva de apoyo al PP y la continuidad de la sangría de voto al PSOE, que centrifuga voto en todas direcciones y mayoritariamente hacia todo tipo de formaciones de izquierda.

Más que pérdida de vocación mayoritaria es pérdida de discurso, de programa identificable y realizable, de credibilidad y, por tanto, de liderazgo reconocible.

Lo que a millones de ciudadanos les gustaría saber es qué derechos de los recortados por el PP recuperaría el PSOE al llegar al Gobierno, qué prestaciones sociales perdidas repondría, cómo haría para allegar los recursos necesarios y se enfrentaría, para hacerlo, a los sectores más privilegiados, qué cambios propondría para mejorar la calidad y representación de nuestra democracia, para hacer más transparente y eficaz el propio partido. Y, no menos importante, quiénes están menos condicionados por el pasado y los poderes fácticos para encabezar una alternativa que recupere la igualdad y la democracia perdidas.

No es un programa extremo, pero tampoco un centro abstracto, que se interpretaría como más de lo mismo y seguiría desgastando al PSOE, que es lo que más desea el PP para contrarrestar su propio desgaste.

 

Andrés Gómez

 

CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN PARA LAS CAJAS

La concreción, esta semana, de las condiciones de la Comisión Europea, para liberar las ayudas a las Cajas  de Ahorro españolas nacionalizadas, certifican la defunción de este sistema, aunque una de sus condiciones les obligue a comportarse como las cajas de ahorro de hace muchos años.

Lo que según Rajoy y Guindos iban a ser buenas ayudas y sin condiciones, se han convertido, como era de prever, en ayudas fuertemente condicionadas a favor de los Bancos y otras entidades financieras.

Cierre masivo de oficinas y despido de un tercio de sus trabajadores, quitas del valor de la inversión en preferentes, ventas de filiales y participadas y limitación de la actividad bancaria para estas entidades a la de banca comercial minorista y a PYMES, en los territorios de origen de estas entidades, la prohibición de dar crédito a la actividad de promoción inmobiliaria y la posibilidad de mantenerse como entidad sólo para Bankia, la única considerada como sistémica.

Traducido a lo concreto esto implica el cierre de más de de un millar de oficinas y el despido en tres años de diez mil trabajadores -seis mil de ellos en Bankia- a añadir a lo hasta ahora recortado y quitas de entre el 40 y el 60% para los ahorradores que invirtieron en preferentes. Menos empleo y pérdidas de partes de sus ahorros para miles de familias a las que se engañó.

Con relación al futuro destacan los impedimentos a jugar ningún papel como banca mayorista, la exclusión de dar crédito a promotores inmobiliarios en cualquier circunstancia y la presión para vender sus participaciones industriales en el peor momento para hacerlo. Estas limitaciones les obligan a reconvertirse en banca de pequeños ahorradores -el origen de las Cajas- pero sin ser Cajas.

Detrás de estas medidas están los grandes bancos e inversores financieros, que ven la posibilidad de acceder a precio de saldo a importantes paquetes de acciones en empresas en buena situación (Mapfre, IAG, Iberdrola, Indra, NH Hoteles, Gas Natural o Pescanova, entre otras) y de ampliar su volumen de negocio a las partes saneadas de banca mayorista, o de promoción inmobiliaria futura, hoy en manos de esas cajas.

Pero la presión para vender participaciones industriales, aunque sea con pérdidas, y la reducción de los márgenes de negocio de estas entidades, por el abandono forzado de actividades, limitará sus posibilidades de beneficio a las que le genere el negocio de banca minorista, y  hará imposible  generar suficientes beneficios para la devolución por esta vía de los miles de millones de ayudas públicas destinadas a su saneamiento.

O dicho de otra forma que estas ayudas servirán, en gran medida, para que los bancos o inversionistas que adquieran las participaciones o capten las partes del negocio segregadas, obtengan más beneficios.

Huelga decir que los excesos de los años del boom inmobiliario y la inmoralidad de una parte importante de sus gestores ha sido el caldo de cultivo que ahora se argumenta para justificar estos nuevos abusos y arbitrariedades, aunque eso suponga la renuncia a que los miles de millones de euros de todos destinados a las ayudas sirvan para reconstruir una banca pública al servicio de los intereses generales y si sirvan para trasvasar miles de millones no fundamentalmente para el saneamiento de las cajas y sí para la recomposición o ampliación de los beneficios de entidades que, al menos formalmente, no los necesitan ya que hacen permanentemente alarde de su buena situación.

Es obvia la pésima gestión de esos gestores y su responsabilidad en la situación. Responsabilidad que contrasta con la altanería con que personajes como Miguel Blesa, como caso más singular, se han comportado recientemente ante la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Altanería que merece más que reprobación y a los que habría que exigir responsabilidades legales también.

Pero de esa obviedad, esa altanería y esos abusos de sus posiciones de privilegio, que es ampliable a otros personajes financieros, aunque no están sujetos hoy a los mismos escrutinios, no se deriva la imposibilidad de un funcionamiento correcto de las Cajas.

El proceso de reestructuración y saneamiento del sector se ha orientado desde el principio hacia su disolución. Las dos cajas que sobreviven sin tensiones son las dos más pequeñas (Onteniente y Pollensa) quizás porque no eran bocado apetecible para nadie. Pero en los procesos de fusión forzados bajo el argumento de la necesidad de ampliar tamaño, se ha forzado a Cajas que por sí solas estaban saneadas o a otras a las que hubiese resultado más fácil sanearse también solas, a asumir las ruinas de otras cajas que las han llevado a la ruina.

El resultado final nos muestra que la desaparición del sistema de Cajas ha sido premeditado con el objetivo de ampliar el negocio de los grandes bancos y que nunca más se atreviesen a competir con ellos. Así las nacionalizaciones, una vez más, se han producido para nacionalizar las pérdidas, sin que en ningún momento se pensase en nacionalizar los futuros beneficios posibles.

Pierden los trabajadores de las Cajas y los pequeños ahorradores, pierden los contribuyentes que aportarán al rescate y a los resultados futuros del Banco Malo y, como en los casinos, gana la Banca.

Lo que esto aporte a la recuperación del crédito para promover el crecimiento va a ser nulo.

 

Andrés Gómez

LAS ELECCIONES CATALANAS UNA SEMANA DESPUÉS

El resultado de las elecciones catalanas ha supuestoo un fiasco para las previsiones de Artur Más.  Sus consecuencias le han metido en un intrincado laberinto de complicada salida.

Ni ha decantado a esa excepcional mayoría a favor del soberanismo que pedía en las urnas, ni ha producido el reforzamiento que CiU quería para dirigir el proceso, ni tampoco el hundimiento del apoyo de los catalanes a los no nacionalistas.

Si comparamos el voto y representación recibido en estas elecciones y en las de 2010 por el independentismo -incluyendo CiU, ERC, SI y la CUP- han perdido dos representantes y casi un punto del porcentaje de votantes. La suma de los votos de estas fuerzas representa apenas al 34% del censo de electores, en unas elecciones en que la participación ha alcanzado al 70%.

Por su parte las fuerzas que no han defendido la independencia han ganado dos representantes, un 3% de votantes y alcanzan al 31% del censo de electores.

Objetivamente, con estos datos, persistir en una apuesta soberanista inmediata es una fuga adelante de dudosos eficacia y valor democrático. A pesar de las expectativas de Más la situación catalana ha cambiado poco en este terreno.

Aunque el PP y el Gobierno Rajoy tampoco lo pueden interpretar como que el problema catalán haya desaparecido, porque un tercio del electorado defendiendo directamente la independencia, y con un fuerte crecimiento de su parte más radical, no se puede despachar con un certificado de defunción del nacionalismo y una vuelta a la fe en España de los catalanes.

Pero el intento de tapar los recortes y la contestación social promoviendo el independentismo, tampoco le han dado resultado a CiU. Ha crecido la izquierda -excepto el PSC- más la parte independentista que la no independentista y la suma de las derechas pierde 9 puntos y 15 diputados, incluidos los 4 de Laporta en 2010.

CiU es la gran derrotada, tanto por sus pérdidas como por las expectativas que tenía. Los resultados del PSC, aunque menos malos que los esperados, muestran que la sangría socialista aún no ha parado. Y el PP hace de tuerto en el país de ciegos de los grandes partidos, a los que gran parte del electorado responsabiliza de los recortes.

El resultado no es sólo una mayor fragmentación del Parlamento Catalán, también sitúa un mapa político inestable y de imposible coalición sin traición a los electorados respectivos.

CiU es el único partido alrededor del que se puede construir una mayoría de gobierno. Pero su alejamiento de la mayoría absoluta le hace imposible avanzar, al mismo tiempo, hacia la consulta y mantener la política de austeridad que le pedirán el empresariado catalán y su amplio sector conservador.

Su acuerdo con ERC obligaría, una de dos, o a que este partido sacrificara sus promesas contra la austeridad y los recortes, para priorizar la puesta en marcha de la consulta, o a que CiU flexibilizara su política conservadora contra el déficit para acelerar la consulta, con el apoyo de ERC. Las últimas declaraciones de Más y Jonquera, parecen buscar un camino intermedio entre ambas direcciones, aunque al precio, puesto por el portavoz de ERC, de un gobierno de CiU en solitario y de un acuerdo parlamentario sólo por dos años.

CiU y PP en la campaña se encargaron de impedir un acuerdo entre las dos fuerzas de la derecha por un tiempo. El cruce de acusaciones de grueso calibre, incluyendo los papeles del Ministerio del Interior sobre supuestas evasiones de impuestos de Más y los Pujol, hacen más difícil este acuerdo que exigiría, además. una improbable renuncia de CiU a la consulta, al menos por ahora.

Las aguas subieron tanto que ahora ambos tienen que buscar argumentos para salvar la cara. El PP se enrocará en que "hay que hacer lo que hay que hacer" e intentará vender en el resto de España "el fracaso" del nacionalismo catalán. CiU, ante la evidencia de que congelar el derecho a decidir desautorizaría a Más y les crearía problemas internos, mantendrá su apuesta aunque sea para ganar tiempo, abocándose a una estrategia, que ERC formula con claridad, de acumular agravios con los que culpar a "Madrid". Y seguro que en eso el PP les echa alguna mano.

Así el futuro previsible será mucho más inestable. Seguirá partiendo a Cataluña en dos partes casi iguales y con más peso de los sectores más radicales de ambas. Más y peor de lo mismo, aunque me gustaría equivocarme.

 

Andrés Gómez

PRIVATIZACIONES

MÁS NEGOCIO Y MENOS EFICACIA

Cualquier análisis serio sobre el funcionamiento de los servicios públicos debe combinar equilibradamente su valor social con su eficacia económica.

Son servicios que cubren necesidades básicas de los ciudadanos y de cuya provisión de calidad dependen cuestiones como la educación, la salud, la atención a los más débiles como los ancianos o los discapacitados, o el transporte público, que contribuyen a la igualdad social, pero también al funcionamiento de la economía.

Su valor social es prioritario y no es incompatible con la eficiencia económica, que debe conseguirse más con eliminación de grasa innecesaria, de burocracia, de duplicidades de funciones, de abusos y delirios de grandeza que con recortes indiscriminados de derechos y prestaciones.

Es conveniente recordar estos principios, porque después de decenios de hegemonía conservadora se ha transmitido la idea de que la protección social pública es insostenible y contradictoriamente, a su vez, que su sostenibilidad depende de su privatización, porque el sector privado es más eficaz para organizarlos.

De la falsedad de esta idea son muestras desde la privatización del sistema de pensiones en Chile, que privó de este derecho a millones de chilenos y desvió miles de millones de dólares a unos pocos bolsillos privados, hasta los intentos de privatización de la sanidad británica por gobiernos conservadores, que siempre han tenido que ser corregidos.

Esta ola privatizadora ha vuelto a Europa aprovechando la crisis financiera. De un lado se considera que la debilidad de la socialdemocracia, principal impulsora de las políticas públicas, lo permite. De otro la magnitud del capital acumulado en este tiempo y la falta de alternativas de inversión "suficientemente rentables", dada la evolución de los mercados de valores, inmobiliarios y de deudas soberanas, requiere libertad para que el capital hinque más el diente en la salud, la educación y los servicios sociales necesarios para las personas, como ya lo hacen en los mercados de alimentos, como fuente de negocio.

Y lo quieren ampliar en lo financiado por lo público, porque lo financiado exclusivamente por lo privado ya lo tienen y les parece poco. Es un nuevo asalto a las arcas públicas.

La derecha española ha decidido ponerse en la vanguardia de esta ofensiva. Ya habían dado pasos como el reforzamiento de la enseñanza concertada o la gestión total o parcialmente privada de algunos hospitales y, sobre todo, ya lo habían hecho en Cataluña, donde la hegemonía nacionalista de CiU, durante muchos años, había conseguido que el régimen de conciertos en sanidad o educación, minoritarios en otros lugares de España, allí fuesen mayoritarios.

Ahora, el caso de la sanidad de Madrid se intenta convertir en ariete para el conjunto, con tal vehemencia que hasta encuentra resistencia en algunos sectores del propio PP.

El proyecto global conlleva la privatización total de los seis hospitales que hasta ahora funcionaban con gestión pública de la parte sanitaria y privada de la construcción y el resto de los servicios, con la transformación de hospitales como el de la Princesa o el Carlos III, en hospitales destinados a colectivos con especial riesgo -por ejemplo mayores- con la extensión del modelo de gestión privada de todos los servicios no sanitarios al resto de hospitales y con la privatización, también del 10% de los centros de salud.

Se trata de privatizar las partes que requieren menos inversión, ya que los nuevos hospitales carecen de las especialidades quirúrgicas más complejas, como la hematoncología o la neurocirugía, y de dejar dentro del sector público a colectivos más costosos como los mayores, de ahí el intento de convertir la Princesa en un geriátrico, con el fin de que los sectores con "pérdidas" se queden en lo público y los susceptibles de dar "beneficio" pasarlos al privado, previas transferencias de cuantiosos recursos públicos.

Independientemente de deficiencias de gestión o abusos, que en todo caso se pueden resolver, la gestión pública se mueve por el interés general y no busca beneficios, mientras que la privatización debe generar beneficios para el negocio, lo que ya supone un encarecimiento, salvo que se reduzca personal, inversión o condiciones de atención, que empeoren el servicio para los pacientes. Un margen de beneficio como el que buscan los inversores privados no se consigue sólo "con mejoras organizativas".

Dos ejemplos. La sanidad catalana, la más privatizada de España desde hace años no es la más barata. De hecho el gasto sanitario medio por habitante en Cataluña entre los años 2000 y 2010, fue un 5% superior al del resto de España, a pesar de tener una dispersión territorial y un porcentaje de mayores de 65 años inferior a la media.

Por otro lado la experiencia de gestión público-privada de los seis nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid muestra que los cánones de concesión previstos en el proyecto de Presupuestos para 2013, serán un tercio superiores a los pagados en 2009, es decir tres veces la inflación del período. Este dato está  en contradicción con el proceso continuo de recorte presupuestario, ya que hay que cumplir con los incrementos por revisión de los contratos con los privados y, como se ve superarlos, a través de mejoras, dada la capacidad de presión que ese sistema da a las empresas concesionarias, por la dependencia de ellas para el funcionamiento del servicio. O lo que es lo mismo, reducción de la parte del presupuesto destinada a lo público para incrementar la dirigida a los negocios privados. Y sabemos lo que eso, que ahora afecta a una parte muy minoritaria, puede suponer cuando se extienda.

Vamos que lo del abaratamiento y la mayor eficiencia de la gestión privada es una broma que, una vez más, pone de acuerdo, a pesar de la virulencia con que se tiran los trastos por otras cuestiones, a las derechas catalanas y madrileñas, que hasta se parecen en el recopago del euro por receta.  

 

Andrés Gómez

LOS SINDICATOS Y LA HUELGA DEL 14 N

Los resultados de la huelga y las manifestaciones del 14 N han dado lugar a distintas valoraciones sobre lo adecuado o no de este tipo de convocatorias y sobre el papel y futuro de los sindicatos.

Desde los medios de la derecha sobresale, como no podía ser menos, la palabra fracaso, las referencias a las inmensas manifestaciones de la tarde son mínimas y se destacan los hechos, puntuales y minoritarios, de violencia no sólo provocados por grupos radicales.

Es normal y responde al sectarismo, miopía y torpeza de estos medios que en materia social siempre han opinado que "donde esté una buena pelea que se quite lo de hablar". Son los mismos que han jaleado al Gobierno para cambiar leyes laborales y recortar prestaciones sociales unilateralmente y los que acusan cada día a los sindicatos de tropelías que ellos mismos inventan y promueven.

O no son conscientes del riesgo que implica una crisis social como la que atraviesa España o, mucho peor, piensan que con una mano cuanto más dura mejor, se meterá en vereda a los "radicales y desharrapados". Deben vivir en un mundo aparte y no aprecian que la contestación y la movilización cada vez tiene más protagonismo entre lo que ellos mismos llaman capas medias y mayoría silenciosa.

Que son trabajadores cualificados de la industria, pero también médicos, enfermeras, maestros, profesores de Universidad y empleados de los sectores públicos y privados, los que están moviendo el cotarro y que sin una interlocución sindical sólida para el futuro, el conflicto lejos de resolverse puede enconarse y dispersarse aún más, lo que quizás, partidarios del palo como son, derive en neofascismo y sea lo que desean.

En otros casos, en función del seguimiento de la huelga, se pone en cuestión esta herramienta y se invita a las organizaciones sindicales a buscar otras formas de manifestar la protesta.  Al mismo tiempo que desde otros movimientos sociales y desde sectores del propio sindicalismo y la izquierda se considera moderada la actitud de los grandes sindicatos y se piensa que debía irse más allá.

No cabe duda que con un desempleo que alcanza a un cuarto de la población laboral, con tasas de temporalidad/precariedad en el empleo entre los ocupados de casi un tercio, con un 50% de los trabajadores en empresas de menos de 20 empleados y con servicios mínimos pactados que superan los dos millones de personas, concebir la huelga general como la paralización del país, sería hoy un delirio, tanto para valorar su éxito como para certificar su fracaso.

Y sin embargo hay coincidencia en su éxito en la industria y la construcción, que en transportes sólo se respetaron los servicios mínimos, que fue  muy mayoritaria en los Mercados centrales y en los servicios públicos municipales, que se generalizó en la enseñanza y la sanidad públicas y que tuvo incidencia entre los funcionarios y el sector financiero, singularmente el de Cajas y se destaca en todo caso la ausencia de incidentes.

O lo que es lo mismo que en sectores que agrupan a más de siete millones de trabajadores la huelga fue bastante general. "Sin piquetes agresivos" y sin contar la incidencia en el resto de sectores, más de cinco millones fueron voluntariamente a la huelga. Quien considere esto un fracaso o no sabe de qué habla o está movido por prejuicios.

Es obvio que de la huelga general no se puede abusar, pero tampoco prescindir de ella. Se  equivocan los que piensan que hay que convocarla todos los días, pero también los que consideran, unos y otros de buena fe,  que hay que renunciar a ella, simplemente porque las circunstancias económicas, laborales y, por qué no decirlo, la beligerancia, agresividad y amenazas de muchos empresarios, hace imposible que la secunden todos los trabajadores y trabajadoras.

La huelga general es una herramienta política a utilizar cuando las circunstancias -las políticas- se hacen tan agresivas para la mayoría que requieren una respuesta desde todos los sectores de la población. Es tan política y, desde luego más transparente y democrática, como que una patronal que ha firmado un acuerdo una semana antes con los sindicatos, en lugar de respetar lo pactado, siga presionando bajo cuerda a un Gobierno para que aborde una reforma laboral que rompe todas las previsiones de lo firmado.

De lo que no hay duda alguna, salvo para alguna Delegación del Gobierno como la de Madrid y para los manipuladores de la TDT Party, que ya tienen sus valoraciones pase lo que pase, es de que las manifestaciones de ese día han sido las mayores movilizaciones sociales desde hace años.

Esta es la encrucijada sindical, saber que los cambios del mercado laboral, el crecimiento del paro, el empeoramiento de la situación social y la conciencia de que la agresión no ha terminado, van a seguir requiriendo movilizaciones sociales muy mayoritarias y habrá que seguir combinando inteligentemente las huelgas y conflictos sectoriales que van a continuar, con la presencia pacífica y multitudinaria en las calles y, sólo cuando sea imprescindible, la huelga general.

Una estrategia de máxima unidad con las organizaciones sindicales y profesionales, con otros movimientos sociales, para parar los recortes y la pérdida de derechos laborales y sociales, abierta al diálogo cuando sirva para frenar o dar marcha atrás a las agresiones. Firme cuando ésto no sea posible o se intente encubrir con palabras y ofertas de diálogo sin contenido real, nuevas injusticias y recortes para la mayoría.

Lo sucedido en la Enseñanza o la Sanidad madrileñas, lo que está empezando a extenderse a otros lugares y a otros sectores públicos o privados, muestra que los trabajadores tradicionales no están aislados, que cada vez más sectores trabajadores y de capas medias, están entendiendo que no pueden pararse y que hay que responder a cada agresión en una batalla que va a ser larga, pero en cuyo resultado, que no siempre se verá a corto plazo, nos jugamos el futuro de nuestra sociedad.

 

Andrés Gómez