sábado, 24 de marzo de 2012

CONMEMORANDO “LA PEPA”
A Blanco White, Álvaro Flórez Estrada, Rafael de Riego, Francisco de Goya y todos los que dieron su vida, su exilio o su libertad por defender la de su país. A todos los diputados liberales de las Cortes de Cádiz que fueron perseguidos y encarcelados tras la restauración del absolutismo
Curioso país el que conmemora la aprobación de una Ley, avanzada para su época, pero que apenas se aplicó.
Es lo que tiene la falsificación de la historia, su utilización oportunista, para justificar políticas e ideologías que nada tienen que ver con el liberalismo progresista del XIX.
Cuando Rajoy sostiene que las contrarreformas de hoy, la laboral incluida, responden al mismo canon de valentía que tuvieron los reformistas de las Cortes de Cádiz, olvida que aquella Constitución pretendía acabar con el poder absoluto de la monarquía, en tanto sus reformas refuerzan el absolutismo de los mercados.
Aunque tal vez recuerde que esas buenas intenciones de los constituyentes duraron apenas dos años, los que tardó la reacción en restablecer el absolutismo y derogar “La Pepa”, algo que se parece más a lo que el PP pretende con algunas de sus reformas legales confesadas.
No conviene jugar con la Historia. Las ideas de Cádiz apenas se aplicaron en España más que una decena de años a lo largo del siglo XIX y las primeras tres cuartas partes del XX.
Finalizada la Guerra de independencia, con la vuelta del absolutismo, los auténticos liberales, constitucionalistas o afrancesados, fueron perseguidos, encarcelados, exiliados, confinados o muertos. Así le sucedió a una gran parte de los diputados liberales de las Cortes de Cádiz.
¿Que tiene que ver aquella situación con la actual?. ¡Nada!. Pero el PP lo usa todo y trata de apropiarse todo, porque su objetivo es mandar y ocupar toda lo que pueda y de la forma que sea. Porque en el fondo a lo único que se parece lo que está haciendo el PP es al “Viva la Pepa” de entonces, aunque a lo que realmente le gustaría que se pareciese es al inmediatamente posterior “vivan las caenas” de la vuelta de Fernando VII.

Andrés Gómez Sánchez
24 de marzo de 2012
EL DÉFICIT Y LOS IMPUESTOS EN
LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Según el Gobierno, al cierre de 2011, el déficit del Estado alcanzó el 8,5 % y tras el tira y afloja con la Comisión Europea, la flexibilización sobre el objetivo marcado del 4,4 para este año, lo podrá situar en el 5,3 % y no en el 5,8 como pretendía inicialmente, y reforzando el compromiso de llegar al 3 % en 2013.
Cada punto de déficit sobre el PIB equivale a 10.000 millones de euros, de forma que bajar 3,2 puntos este año, supone reducirlo en 32.000 millones y bajar de 5,3 al 3 % el año que viene supondrá 23.000 millones más y, en este aspecto, alcanzar un crecimiento de  entre el 1 y el 2 % del PIB en 2013, sería casi irrelevante a efectos de reducción de esta cifra.
Es evidente que la mayor responsabilidad en la desviación de 2011 ha estado en las Comunidades Autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP desde mayo y que aunque pudiesen alegar en algún caso responsabilidades anteriores, lo que no pueden argumentar nunca, salvo que quieran incurrir en ineficacia o falsedad, es desconocimiento de sus cifras hasta ahora.
Pero más allá de todas estas guerrillas del PP, para quitarse de encima responsabilidades que, aunque fuese por coherencia debería compartir, lo que dicen los números es que, salvo cambio de política en la UE, hoy por hoy no previsible, en estos dos años el conjunto de las cuentas de las administraciones públicas deben asumir una reducción de 55.000 millones de déficit. Eso implica reducción de gasto y/o subida de impuestos por ese importe.
En sus primeras medidas subieron el IRPF, recortaron gasto del Estado e indujeron una reducción adicional a las Comunidades Autónomas. En una segunda fase han utilizado su gobierno en el Estado y en la mayoría de las comunidades, para ejercer presión con el objetivo de que fuesen las propias comunidades las que asumiesen el coste político de los fuertes recortes, que afectan a los servicios y prestaciones, especialmente sensibles (sanidad, educación y servicios sociales) de los entes autonómicos. Todo menos descubrir sus cartas antes de las elecciones andaluzas, a pesar de las presiones de Bruselas, incluidos los 5.000 millones más de reducción del déficit.
Rajoy y el PP se han hartado de hacer ideología con los impuestos, pese a conocer sobradamente la realidad. Antes de las elecciones ofrecían bajar impuestos, después dan una de cal y otra de arena: suben el IRPF pero un día juran que no subirán el IVA y al siguiente dicen que “lo más probable es que ya se verá”.
El PP sabe que la dimensión del problema, si la UE no flexibiliza los objetivos y combina la austeridad con estímulo para años sucesivos, hace imposible cumplirlo si no se recomponen la  recaudación y, al menos, la mitad del déficit se cubre con ingresos. Pero no sólo para resolver el déficit ahora, también para tener un sistema fiscal solvente después el problema será el mismo.
Por eso lo que está en cuestión para el futuro no es si se suben o no los impuestos, se van a subir y el PP sólo está midiendo cuando hacerlo, teniendo en cuenta que va ajustar en este presupuesto, pero que también lo hará en 2013. El problema es cómo y con qué efectos distributivos se harán las subidas.
La reciente publicación de las estadísticas definitivas de la Agencia Tributaria para 2009 y el avance de la liquidación del 2010, ya en plena crisis, nos dan pistas. El hundimiento de la recaudación ha sido especialmente grave en IVA y en sociedades.
En IVA las causas principales han sido el efecto combinado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el incremento del fraude por la crisis, porque algunos han mantenido sus ingresos líquidos a costa del fisco.
En Sociedades la enorme caída de recaudación no se corresponde con la evolución de los beneficios de las empresas y si con la bajada de los tipos del impuesto y el abuso cada vez mayor de desgravaciones y deducciones,  que lleva a que el tipo efectivo sobre base imponible se sitúe en el 16 %, 15 % para los grandes grupos, y que aún sería inferior, en torno al 10 %, si el cálculo se hiciese sobre el beneficio contable. Estas cifras desmienten la idea de que el impuesto “real” sobre las empresas en España sea más alto que la media europea.
El PP ha subido el IRPF, pero estanca la progresividad en 300.000 euros anuales, de manera que el que gane 1 o 2 millones tendrá el mismo 7,5 % de recargo que los  de 300.000 y su carga es, además, moralmente menor que la que se impone a rentas inferiores. Al mismo tiempo la subida de 2 puntos a las rentas del capital, no compensará el hecho de que las rentas del capital media declaradas son menos de la mitad que las del trabajo y empeorando su relación progresivamente.
Nada dicen de gravar a las grandes fortunas y el gran debate lo establecen, pese a negarlo, sobre el IVA y los impuestos especiales.
El problema es que será necesario tocar todos los impuestos, pero para hacerlo con justicia habría que combatir con mayor contundencia el fraude, sobre todo el gran fraude, hacer que las grandes fortunas y rentas paguen más, que los impuestos a las empresas sean más justos y eficaces también, porque de lo contrario la idea que quedará de nuevo es que los asalariados, vía IRPF, y los ciudadanos, sin distinción de nivel de renta, vía impuestos indirectos, son los únicos que pagan y que es el mundo al revés: los que menos tienen pagan para mantener a los que más tienen.
El PP sabe que esa idea está muy difundida en la población, de ahí la hipocresía con se comporta, sigue difundiendo la idea de que hay que pagar menos impuestos y busca siempre excusas para justificar que si los sube no es por culpa suya.
Las conversaciones discretas de los gobiernos alemán y francés para unificar sus impuestos a las empresas y al consumo, serían una buena coartada. Por eso están aplazando algunas decisiones.
Los Presupuestos para 2012 despejarán algunas dudas, pero habrá que esperar,  porque a lo largo de este año y en los Presupuestos para 2013 se resolverán el resto de las incógnitas.


Andrés Gómez Sánchez
24 de marzo de 2012

viernes, 16 de marzo de 2012


LA REFORMA, LA HUELGA Y LOS SINDICATOS

El poder da alas. Con un respaldo del 44% de votantes y poco más del 30% del censo, pero mayoría absoluta holgada en las cámaras, gran mayoría de gobiernos autonómicos y municipales, el respaldo de la política de derechas en la Unión Europea y la complicidad del nacionalismo catalán conservador, el Gobierno del Partido Popular afronta la reforma y el cambio de relaciones laborales más agresivos de la democracia, a pesar del rechazo en las encuestas de dos tercios de los ciudadanos, incluido casi un cuarto de sus votantes.

La  reforma nada tiene que ver con la crisis, ni va a crear empleo que no crease la economía sola, responde a cánones ideológicos neo conservadores, cada vez menos distinguibles del neo fascismo, cuyo objetivo confesado hace decenios es eliminar el Derecho del Trabajo y la regulación al capitalismo, construidos en los países desarrollados tras la guerra mundial, eliminar la mayor parte de los igualadores sociales del estado de bienestar y poner lo público al servicio de los grandes negocios.

La reforma facilita las causas de despido, eliminando la autorización administrativa de expedientes de empleo y de modificación de condiciones de trabajo, acaba con la prorroga de las condiciones pactadas en convenio de haber desacuerdo y permite la existencia de convenios de empresa que empeoren los sectoriales, alterando profundamente las relaciones de negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, dando poder casi absoluto a los últimos y un golpe mortal al diálogo social.
De ahí que el PP no haya tenido intención de hablar en serio con los sindicatos de la reforma y que las llamadas “reuniones técnicas” hayan buscado transmitir la imagen de un diálogo real inexistente. Porque la reforma necesita debilitar cualquier representación colectiva de trabajadores y manos libres para aplicarla en la empresa.

De ahí la campaña antisindical del TDT party, o su versión igual de “irrespetable”, del Director del “El Mundo”, cuyas mentiras y descalificaciones groseras, buscan debilitar la huelga pero también abonar el terreno a más retrocesos, como limitar el derecho de huelga, que consideran imprescindible para sus objetivos.

La actitud de estos sectores ante la huelga es hipócrita: la rechazan pero la desean y desean que fracase para “partir el espinazo a los sindicatos” porque se creen Thatcher frente a los mineros británicos.

Los sindicatos no deseaban la huelga, porque son conscientes de que el rechazo muy mayoritario a la reforma coexiste con el miedo a perder el empleo provocado por la crisis y, ahora  también, por la reforma, que hace que muchos trabajadores la consideren justa pero no se atrevan a hacerla. No les ha quedado otro camino, porque de no hacerla, una ultraderecha política y económica envalentonada subiría el listón de su presión.

Al margen de valoraciones sobre los sindicatos, la realidad es que se busca un modelo de relaciones laborales, en que cualquier representación colectiva y organizada de trabajadores tenga un contenido meramente formal y sin influencia en las condiciones de trabajo reales. Por eso hay que asumir sin complejos que la defensa de los sindicatos, de las organizaciones de trabajadores, es un motivo más para el éxito de la huelga, porque de lo contrario, la debilidad de los trabajadores será mayor y no sólo saldrá adelante la reforma, también la defensa en el futuro de sus condiciones de trabajo en las empresas será más desfavorable.

Por su parte CC.OO, y UGT deben afrontar el cambio profundo que  supone este modelo en su actuación y estructuras para el futuro.

La reforma debilita su peso institucional y el retroceso en la legislación sobre despido y negociación colectiva, hacen que necesariamente su influencia tenga que desplazarse a las empresas. Su actuación sobre despidos, expedientes de empleo, modificación de condiciones de trabajo y convenios tendrán que ganarlas caso a caso, y acumular fuerza, si quieren recuperar después influencias mayores.

De otro lado la ofensiva antisindical no cejará, irá desde lo económico hasta lo judicial. Si los sindicatos necesitan reforzar su independencia del poder, a la previsible reducción de sus estructuras deberán añadir una profunda reestructuración que vuelque sus recursos en acción sindical en las empresas, para coordinar mejor a las grandes y ampliar su organización e influencia en las medianas y pequeña.

No es un camino fácil, es simplemente imprescindible para la supervivencia de unas organizaciones que en el futuro serán todavía más importantes para los trabajadores y la democracia y que de fracasar, reforzarían el extremismo.

Andrés Gómez Sánchez
15 de marzo de 2012

jueves, 8 de marzo de 2012


GALLARDON SIN VERGÜENZA

Que nadie se confunda. El título no contiene calificativos, sin es una proposición y vergüenza un nombre común.

Tras el anuncio de su “reforma de la justicia”, para dar “el poder a los jueces”, acabar con la gratuidad de la justicia, agilizar los divorcios de pago, dando negocio a las notarías y cargarse el derecho a decidir por las mujeres en las interrupciones del embarazo, el que algunos definían como “verso libre del PP”, vuelve a utilizar tretas de la extrema derecha que antes le denostaba y ahora le jalea.

Si no fuese por lo serio del tema parecería una broma que para defender su contrarreforma a la Ley del aborto recurra a que hay violencia de género estructural contra las embarazadas, sin concretar cómo se ejerce, ni la magnitud del problema.

¿Se refiere acaso a la dificultad de plantearse la maternidad con ingresos de seiscientos euros al mes? ¿Se refiere a la no renovación de contratos temporales a mujeres embarazadas o con hijos menores? ¿Se refiere a los distintos supuestos de discriminación laboral por este motivo? ¿O acaso se refiere a la inclusión en la reforma laboral de su Gobierno de la supresión de bonificaciones a la Seguridad Social para mujeres que buscan trabajo después del parto? ¿O a los cambios del derecho a permiso por lactancia incluidos en la misma reforma?

Es lo que tiene haber ido de “progre”, que te creces y, o pierdes los complejos o no piensas lo que dices y, lo que parecía una ocurrencia brillante, se convierte en una bomba de relojería. En cualquier caso produces una ofensa y una estupidez al mismo tiempo.


Andrés Gómez Sánchez
8 de marzo de 2012


viernes, 2 de marzo de 2012


“VIVA LAS VEGAS”

Quince mil millones de euros en inversión, trescientos mil empleos, siete millones más de turistas, doscientas mil plazas hoteleras. ¿Quién da más? Entre subasta y casino, como no podía ser de otra forma, el proyecto Eurovegas encandila la imaginación no sólo de los más incautos, sino también de los más pillos.

El proyecto de la gran ciudad “europea” del juego, el ocio y la diversión, presentado por el magnate del juego Sheldon Adelson ha movilizado a la derecha nacional –española y catalana- en una nueva pugna para su ubicación en Barcelona o Madrid, como si de otro enfrentamiento merengue – culé se tratase, para ver quien elogia más el proyecto y menos barbaridades escatima.

Lo números que se barajan marearían, si no fuese porque se repiten como mantras, sin que exista ninguna evidencia ni planteamiento concreto de que se vayan a cumplir, más allá de las palabras y exigencias de su promotor. La crisis y el paro es lo que tienen: hay tanto miedo y gente desesperada, que se vuelve a creer en milagros.

Lo cierto es que es un proyecto que, más allá de consideraciones morales, no responde a ninguna racionalidad ni política ni económica. Como consecuencia de las sucesivas crisis que han repercutido en EE.UU, desde el año 2.000, la actividad de Las Vegas se ha resentido, el negocio del juego ha caído, el turismo a la ciudad ha decrecido casi un 50 % y el negocio inmobiliario se ha hundido. Por ello Adelson  decidió diversificar, comprando casinos y hoteles en Macao.

Las Vegas no recupera, Macao ha crecido mucho, pero las autoridades chinas no parecen interesadas en un mayor crecimiento de estas actividades, que fortalecen a las triadas. Así Adelson ha decidido probar fortuna en Europa, en un lugar donde el control sea más liviano, la crisis lo haya convertido en país muy necesitado y por tanto proclive a aceptar la conversión de una parte de su territorio en una maquila –zona libre de leyes e impuestos- del ocio y la diversión.

En lo que se refiere a la racionalidad económica y el interés general, las cifras barajadas son el cuento de la lechera, porque lo que se desprende de informaciones aparecidas en la prensa es que la inversión inicial sería de tres mil millones para  construcción de un casino e instalaciones hosteleras correspondientes, desarrollándose el resto del proyecto en quince años mediante reinversión de beneficios.

¿De donde salen, en una situación de crisis como la actual, los siete millones de turistas, dispuestos a dejarse “la pasta” en este tipo de ocio?  ¿Se generarán en quince años beneficios para abordar una inversión de quince mil millones? ¿Son ciertas las cifras de empleo y corresponden a la construcción o a la actividad posterior? Es evidente que estas cifras son una mezcla de mentiras y deseos.

Complementariamente el caballero exige para abordar la inversión inicial, disposición de suelo gratuito o a coste mínimo, no sujeción a leyes laborales ordinarias para los trabajadores de esas actividades, exención de todos  los impuestos y legalización de la prostitución, entre otras condiciones, que responden por si solas a la razones de interés político, que son justamente las contrarias al proyecto.

Tenemos aún frescos los fracasos de la mayoría de Parques Temáticos, que han costado a las arcas públicas centenares y centenares de millones de euros. En la Comunidad de Madrid hace apenas tres meses se interrumpió el servicio de tren al Parque Warner por falta de viajeros, un ferrocarril financiado íntegramente con dinero público y hecho ex profeso para esa instalación, que recibió además cuantiosas subvenciones durante años, para su inversión inicial y su mantenimiento.

Por eso llama la atención la vehemencia con que apuestan la Presidenta Aguirre en Madrid o el Conseller Más Colell en Cataluña. Lejos de proponer un cambio estratégico para una economía más productiva, investigación, apoyo a sectores, trabajadores y profesionales que todavía sostienen la economía española, una vez más, la derecha señala al cielo del que caerá el maná.

Acostumbrados los unos a que el concepto de empresa se corresponda con el volumen de comisiones o diferencias de precios a intermediar, y los otros a actividades hiper protegidas de la competencia exterior, que ya no son posibles desde hace muchos años, están dispuestos a hinchar una nueva burbuja que o no arrancará o en pocos años será otra burbuja pinchada. Pero en ese camino, de nuevo, muchos saldrían perjudicados y unos pocos habrían hecho negocio. Y el que venga detrás que arree.


Andrés Gómez Sánchez
1 de marzo de 2012

lunes, 20 de febrero de 2012


SOBRE LA REFORMA FINANCIERA DEL  PP

Los problemas del sector financiero tienen origen en la acumulación desmesurada de activos valorados muy por encima de su valor real. En unos casos se trata de inversiones fraudulentas o especulaciones mal resueltas y, en otros, de activos inmobiliarios, cebados por la burbuja, con precios que poco tienen que ver con el mercado real.

Al estallar la crisis su gravedad entrañaba en la confluencia en  EE.UU. de ambos factores, mientras que en la zona euro, en Alemania era el contagio de activos tóxicos con origen en EE.UU., igual que en Reino Unido, con operaciones tóxicas propias añadidas. En España, el componente principal es la burbuja inmobiliaria, que ha dejado en activos de Cajas y Bancos edificaciones o suelos con valoración en balances muy superior a su valor real.

Detectado el problema, las vías de solución estaban en un reconocimiento rápido y ajustado de la situación y una inyección masiva de financiación –obviamente pública y financiada mayoritariamente con emisión de nuevo dinero- o por un ajuste en el tiempo, combinando ayudas públicas, reforzamiento del capital bancario con cargo a recursos propios o ajenos y mejora de márgenes de beneficios a cargo de la clientela.

Por la primera vía por optaron Obama y Gordon Brown, que disponían de manera directa de la capacidad de emisión de dinero, en tanto la segunda fue la de la UE, más por incapacidad de gobierno común de la situación, que por decisión consciente.

Cualquiera de las dos vías, para ser eficaces, requería  reconocer lo más exactamente posible la magnitud del problema, más y mejor regulación del sector para evitar nuevos abusos, cambios radicales de gestión, ejemplaridad y control público, sin descartar la propiedad.

Ninguna cumplió todos los requisitos, dejando iniciativa y capacidad de reacción a los causantes del problema que, de una u otra forma, quieren resolverlo a costa de la clientela y el resto de los contribuyentes. La de la UE, además ha cebado nuevas especulaciones de los mercados contra las deudas soberanas, los países más débiles y el euro.

Ese es el contexto en que analizar la reforma “Guindos”, porque para valorar la eficacia de las medidas habría que conocer la magnitud de un problema en que no hay seguridad. Ese es el primer inconveniente del sector financiero español, no muy distinto del resto de la UE, y menos cuando se vapulean las deudas soberanas de países, como si para cobrarlas lo mejor fuese asfixiar al que tiene que pagarlas.

El PP ha optado por la continuidad, dando una vuelta de tuerca a las fusiones y ampliando la dotación pública del FROB, tanto para seguir las orientaciones mayoritarias en la UE, como porque la situación de las arcas públicas hacía impresentable una política de ayudas más agresiva para los bancos, cuando se está promoviendo un recorte brutal en gasto social y productivo y se aprueba una reforma laboral con el objetivo de reducir drásticamente los salarios.

Así, los ejes de la reforma parten de las siguientes premisas y propuestas:
  •  Valorar en 175 mil millones los activos problemáticos, 88 mil en suelo y 87 mil en edificación.
  • A partir de ese dato valora en 50 mil millones la necesidad de saneamiento adicional de las entidades, una parte mayor para suelo que para edificación. 
  •  La cobertura de la necesidad se resuelve mediante provisiones con cargo a los resultados de las entidades, con mayor requerimiento de capital adicional y mediante una nueva provisión para riesgos futuros. 
  • El incentivo y la potenciación de nuevos procesos de fusión. 
  • Encauzar las ayudas a públicas, mediante créditos, a través del FROB, para lo que se incrementa su dotación, en 6 mil millones con cargo Presupuestos del Estado.
  • Limitar las retribuciones de administradores y ejecutivos de entidades que reciban ayudas excluyendo, en caso de fusiones, a los de las entidades que las hayan absorbido. Esta medida debería regularse para todo el sector, porque son un escándalo por sí mismas, pero también porque en el origen y evolución de la crisis está implicado en conjunto y de una u otra forma, estas lastran los resultados y las pagamos todos en última instancia.
 Adicionalmente hay que considerar los 100 mil millones de avales y garantías del Estado para emisiones de las entidades, previstos en la prórroga vigente de los Presupuestos, de los que ya concedidos casi la mitad.

La opción de extender el ajuste en el tiempo, si no tiene resultados rápidos, dará nuevas bazas de presión a los mercados, como la experiencia demuestra. En el caso español se añade el elevado endeudamiento del sector, que se ha reducido muy ligeramente desde que se inició la reforma en 2009, y condiciona el recurso creciente del sistema a préstamos para liquidez del BCE –obtiene casi un tercio el total desde que se puso en marcha este recurso.

O dicho de otra forma que el argumento de “aumentar la fluidez de crédito  a la empresas y las familias” no se lo creen, porque el saneamiento del sector financiero español debe simultáneamente capitalizar las entidades para reducir riesgo inmobiliario y responder de su endeudamiento y reducirlo, lo que, con este modelo, hace imposible mejorar la dotación de crédito a la economía a medio plazo.

La mayor parte de la capitalización prevista se descarga en las cuentas y resultados de las entidades o, lo que es lo mismo,  en el rendimiento que puedan sacar de la clientela, de las filiales en el extranjero de los grandes bancos o de rendimientos adicionales de inversiones, incluida la deuda pública.

Por eso el factor por el que más se apuesta es por seguir fomentando las fusiones, porque se considera que impulsarán nuevas reducciones de estructura –personal y oficinas- y permitirán sacar más resultados y rendimiento de la clientela.

Eso no quiere decir que no se utilicen recursos públicos, la mayoría del FROB lo son, los avales y garantías del Estado en las nuevas emisiones también lo son. Lo que ocurre es que se articulan como recursos aplazados, porque en caso de fallido de alguna entidad, los préstamos del FROB no se devolverán, aunque se transformen en capital público, y los avales o garantías podrán ejercerse contra el Estado como avalista. Adicionalmente algunas entidades están incrementando sus márgenes recibiendo dinero del BCE a tipos menores al 1% e invirtiendo en deuda pública, con más de 2 puntos de beneficio.

La situación del sector financiero español diverge, según las entidades, en cuanto a la magnitud y naturaleza de los riesgos. Los dos grandes bancos privados, tienen menos riesgo inmobiliario, pero también su rendimiento descansa en sus filiales del exterior y depende de los avatares políticos de los países en que radican.

Algunas grandes entidades que han mantenido estructura de cajas como Caixa o el grupo vasco, aparecen saneadas; Bankia aparece con más dificultades, sobre todo, por la contaminación de Bancaja.

Este análisis tiene importancia para observar la próxima oleada de fusiones y valorar la eficacia de la reforma. Porque, para absorber los grupos de cajas con mayores dificultades, los bancos y cajas, a quienes sólo interesa ampliar su mercado de forma segura y obtener rendimiento de nuevos clientes, van a exigir el mayor saneamiento posible y, en ese caso, aunque los recursos del FROB se articulen como préstamos o capital, el problema se aplazará al momento en que haya que realizar las amortizaciones, por lo que es difícil que la operación, entonces, le salga gratis al Estado. Tiempo al tiempo.

Finalmente el que la reforma sea eficaz dependerá de lo ajustado que se haya hecho el cálculo de activos sobrevalorados, de cuanto bajen los precios de los activos inmobiliarios y de la cuantía en que se vendan; aspectos que, vista la situación actual, levantan muchas dudas. No es descartable que, tras este paso, venga el siguiente.

Está claro que los mercados siguen presionando y lo harán todavía más porque, más allá de la situación del sector público, lo que están buscando es una parte importante de la tarta financiera de Europa y también de América Latina.

Porque los poderes económicos son insaciables: les das la reforma laboral más dura, les das una porción más de reforma financiera y al día siguiente bajan la bolsa, y más los títulos bancarios. Pero algunos banqueros no aprenden y siguen echando la culpa a los políticos.

Andrés Gómez
                                                                              20 de febrero de 2012

domingo, 12 de febrero de 2012



HABLEMOS CLARO
La importancia de la ideología en política

De que no son los trabajadores y las capas medias de la sociedad los principales causantes de la crisis no hay ninguna duda. De que son los que más están pagando por ella, tampoco.

Que la mayoría de los que más se han enriquecido en la época en que valía todo no sólo no están perdiendo ahora sino que, en muchos casos están ganando más, es irrefutable.

Que cuando la gran mayoría de la población tiene que medir su gasto  y una parte importante tiene carencias elementales, cuando el consumo de la gente corriente está cayendo, el consumo de bienes de lujo crece es evidente. 


Además, en programas de televisión de esos en que nos cuentan cómo viven los ricos, es común escuchar que la crisis es un mundo de oportunidades para los que tienen dinero.

Que en los últimos veinte años la desigualdad ha crecido de forma obscena en el mundo, lo dice y demuestra con datos la OCDE. Que la acumulación de cada vez más dinero en menos manos da lugar a que el dinero se convierta en un objeto de inversión en sí mismo y que, la situación de los Mercados de valores y las empresas productivas hace que cada vez más capitales se dediquen a especular en materias primas y alimentos, provocando subidas de precios que causan hambre y carencias a millones de personas en el mundo, lo señalan la FAO, la ONU y hasta las Iglesias.

Que con el diez por ciento de lo que ganan el uno por ciento de los más ricos, se podrían resolver necesidades elementales del cincuenta por ciento de los más pobres, es evidente. Que los que se niegan a que eso sea así no lo hacen porque necesiten más, sino por acumular más poder, es una obviedad.
Una obviedad que muestra cada día que quieren controlar la política y que están carcomiendo la democracia. Que evidencia que este modelo capitalista degradado de los últimos treinta años no sirve a la inmensa mayoría de la sociedad. Decir las cosas claras no es ningún extremismo, es simplemente realista y es lo que echan de menos muchos ciudadanos. No piden la luna, se conforman con recuperar lo perdido, con que el coste de la crisis se reparta con justicia y que al salir de ella tangamos una sociedad con futuro para todos.

Y no lo dicen sólo los ciudadanos corrientes, también lo señalan capitalistas y empresarios serios, que son conscientes de que, por esta deriva, cada vez estará más en cuestión el propio capitalismo y más en riesgo la democracia.

Que ven como grandes poseedores de dinero sin escrúpulos, juegan a determinar el futuro de la humanidad y controlar la política a su servicio, por encima de las decisiones de los ciudadanos, convirtiéndose en referentes para los capitalismos emergentes que impiden, así, el propio desarrollo democrático en esos países.

Hace tres décadas que sectores conservadores en EE.UU. comenzaron su cruzada contra el estado de bienestar.  Los ejes de su mensaje  se han mantenido y radicalizado hasta el Tea Party actual: La “defensa de la sociedad”, frente a un “socialismo”, a punto de desaparecer en su versión comunista entonces y francamente maltrecho en la socialdemócrata hoy. Las “libertades individuales”, que no han dudado en cercenar cuando han querido, y el “interés privado”, que se ha traducido sólo en defensa del interés  de la minoría más poderosa, nos han traído hasta aquí, en parte por el repliegue ideológico de la izquierda que hemos aceptado, casi como imperativo de la naturaleza, que lo público funciona mal, que los impuestos son malos y limitan la libertad y la iniciativa privada, que la democracia está limitada por la defensa del interés de los poderosos, por principio divino.  

Hasta en el lenguaje hemos aceptado perversiones como decir gobernanza en lugar de política y gobierno, emprendedores en lugar de empresarios y trabajadores autónomos, los últimos muchas veces tan dependientes y explotados como los asalariados, como ha mostrado la crisis, o utilizar eufemismos para no hablar de igualdad.

La recuperación de la alternativa socialdemócrata debe hacerse en un ámbito europeo y, como señalaba recientemente en “El País” Norman Birbaum, si se recupera, hay condiciones, dentro del Partido Demócrata de EE.UU., para construir un discurso paralelo en aquel país. Pero para reconstruir la alternativa, hay que tomar la iniciativa en una batalla de ideas que dispute la hegemonía conservadora. No será fácil, pero cuanto más tarde se empiece, más difícil será.

Hay que impulsar un discurso reformista en Europa, que retome la democracia y la igualdad como ejes, que incorpore la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, como parte de la solidaridad entre generaciones.

Un discurso que defienda la economía productiva, la investigación, e infraestructuras y transportes públicos más eficientes y ahorradores de energía, una nueva sociedad de consumo sostenible; que recupere el papel del sector público como factor de equilibrio frente a los grandes poderes económicos, el papel regulador de la política frente a los abusos de los más poderosos. Una propuesta que defienda logros sociales como la sanidad, la educación y los servicios sociales universales, que promueva la austeridad para todos y que afronte también el déficit con mayor justicia fiscal, con subidas de impuestos para los más ricos y mayor energía contra el delito y el fraude fiscal.

Un discurso que se defienda por igual por todos los partidos socialistas de Europa, que no se amedrente frente a los ataques contrarios, que llegue y convenza a  la gran mayoría de la sociedad, que sufre en mayor medida las consecuencias de las políticas dominantes en este tiempo.

Es evidente que habrá que traducir todo esto en políticas concretas, pero para elaborarlas hay que tener claro, en primer lugar, los principios, transmitirlos y hacerlos creíbles.

Los neoconservadores nos han dado lecciones de cómo hacerlo en estos años. No se trata de que hagamos lo mismo, obviamente, pero sí de que entremos sin complejos en la batalla de ideas, porque lo que nosotros defendemos interesa más a una gran mayoría social.


Andrés Gómez
12 de febrero de 2012