Los postulados
neoconservadores sobre los impuestos son una falacia como lo son sus llamadas al
liberalismo y al excesivo peso de lo público. Con ello de lo que se trata no es
de reducir el papel de la política sino de que, en su diseño, pierda papel la
democracia en favor de los dictados de los grandes grupos privados, para poder
utilizar, en mayor medida, lo público a su servicio.
Ronald Reagan, apoyó su
campaña a las presidenciales en bajadas de impuestos, que sólo se concretaron
para los grandes capitales y que en su segundo mandato se tradujeron en subidas
de impuestos indirectos y mayor presión hacia las rentas de los trabajadores y
otras capas medias. Ambos Bush, padre e hijo, se apoyaron en las mismas
promesas y, justificados en sus campañas de guerra, hicieron lo mismo, marcando
la pauta para otros países.
De esta forma la política
fiscal, que es la clave para la redistribución de la renta y el mantenimiento
del estado del bienestar, se ha debilitado y convertido en más injusta,
apareciendo en algunos casos como redistribución exclusiva entre asalariados,
como reconocía el multimillonario Warren Buffet y otros poseedores de grandes
fortunas en Europa y EE.UU., cuando manifestaban su vergüenza por pagar muchos
menos impuestos, proporcionalmente, que sus trabajadores.
Esta evolución durante más
de dos décadas en el mundo occidental ha contribuido, como recientemente ha
señalado la OCDE, al aumento de la desigualdad, a límites desconocidos desde el final de la II
Guerra Mundial. En muchos casos la “redistribución” se ha invertido, de forma
que los que han hecho grandes fortunas con negocios que dependen del dinero
público, no sólo abominan de la política, sino que se benefician más de ella y
pagan menos impuestos que otros menos favorecidos a los que habría que proteger
más.
Lo que está haciendo en
España el Gobierno del PP, se mueve en la misma lógica. Conocían perfectamente
los datos de las caídas de la recaudación y sus causas, porque son públicos.
Sabían que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el resto de efectos de la
crisis, junto a un incremento notable del fraude en esa situación, habían
hundido la recaudación. Conocían, porque en su momento algunas de estas
decisiones fueron del Gobierno Aznar, las pérdidas de recaudación consecuencia
de bajadas improvisadas de impuestos directos, como el de sociedades, el
incremento de bonificaciones a favor de algunos privilegiados, confiando en que
la recaudación del “ladrillo” iba a ser eterna. También las últimas del
gobierno de Zapatero, como los cuatrocientos euros, entre otras.
Sabían perfectamente la
impostura de su discurso de que la caída de recaudación se compensaría sólo con
crecimiento económico y reducción del gasto porque, para compensarla, o el
crecimiento superaba el 5 % anual, y aún así se tardarían años, o la reducción
de gasto aumentaría la depresión; y ambas cosas eran incompatibles.
Sabían además los vientos
que corren en una UE en que mandan sus correligionarios alemanes y franceses,
que tienen una posición fiscal de derechas, pero que no pueden arriesgar su
recaudación sin arriesgar su solvencia, muchos de cuyos ciudadanos no ven con
buenos ojos aportar a la Unión “para salvar a los que pagan menos impuestos que
ellos” y que, en las conversaciones Merkel – Sarkozy, avanzan en la idea de
acercar IVA y Sociedades, en los países de la zona euro. O lo sabían pero se
aferraban a la ideología oficial conservadora y mentían porque estaban en
“campaña”, o no son tan eficaces en economía como se piensan.
Concluido que el PP
utiliza las bajadas de impuestos como mantra con el que justificar el
bajárselos a unos y subirlos a otros, la discusión no está en si se suben o no;
de hecho el propio PP hablaba en su programa, y Rajoy ha vuelto a repetirlo, de
una reforma fiscal más profunda.
Es decir, Rajoy hace como
Reagan y Bush al afirmar que bajará los impuestos para después subirlos, y la
discusión real no es la bajada, sino cuáles
son y cómo se suben, o lo que es lo mismo, sobre quiénes recaerá el mayor
esfuerzo para recuperar la recaudación y no tener que reducir gasto que ponga
en peligro la economía –qué gasto reducir y cuál no es la otra diferencia.
Las primeras medidas de
los Gobiernos del PP, el de España y los de la mayoría de Comunidades, avanzan en esa dirección. No
conviene olvidar que Rajoy en su investidura anunció medidas “urgentes”, pero
que aplazó la presentación de los presupuesto para este año, hasta después de
marzo; o lo que es lo mismo aplaza las medidas más conflictivas para después de
celebradas las elecciones de Andalucía.
La “reforma fiscal” del PP
ya ha avanzado cambios del IRPF, aparentemente progresivos, pero que descargan la
mayoría de su recaudación en las rentas salariales entre 20 mil y 60 mil euros
anuales. Las Comunidades gobernadas por el PP
incrementan muy por encima de la inflación tasas y coste de los
servicios públicos y en Cataluña CiU además ha comenzado a introducir el copago
en Sanidad.
Pero una parte de esta
reforma de la derecha se reserva para los presupuestos de abril, en los que
subirá, sin duda, el IVA, se dará una nueva vuelta a algunos impuestos
especiales y vía presión a las comunidades, una vez pasadas las elecciones
andaluzas y siguiendo el ejemplo de Cataluña, continuará el incremento de tasas y precios de servicios públicos y se abrirá el camino a
los copagos en Sanidad.
Es decir se camina hacia
una vía de mayor recaudación fiscal, pero con elementos de regresividad –más
impuestos indirectos, mayor peso de precios públicos y tasas e incremento de
IRPF que descansa aún más en las rentas del trabajo- mientras que no se tocarán
ni los impuestos de sociedades, ni los de las grandes fortunas y las rentas
personales gestionadas a través de sociedades patrimoniales.
Una reforma fiscal,
pensando no sólo en situación de crisis sino también para la recuperación,
tiene que ser una reforma global, que nos acerque a la UE, cuya presión fiscal
media supera en diez puntos la de
España, con impuestos indirectos -IVA y especiales más altos-, pero también
mayores directos y más justamente repartidos.
Que incluya un tratamiento
conjunto de grandes fortunas y rentas. Que aborde de manera más agresiva el
fraude fiscal, que ha aumentado como consecuencia de la crisis, y
mayoritariamente concentrado en rentas no salariales, cuya declaración media
equivalía en 2010 a poco más del 40 % de las salariales. Que proponga a la UE
abordar una normativa más equilibrada de las SICAV, actuaciones conjuntas para controlar la
actividad en paraísos fiscales y la imposición al retorno de capitales procedentes
de ellos. Que comience a aplicar impuestos a las transacciones financieras y a
las actuaciones que degradan el medioambiente.
En suma una reforma fiscal
más justa y progresiva que la que nos reserva esta derecha que decía que no iba
a subir impuestos.
Capítulo aparte merecen
los gastos. Dónde recortan y dónde no los gobiernos del PP. Pero eso queda para
otro día.
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