LA REFORMA LABORAL CONSERVADORA

Algunos conservadores, de nuevo y viejo cuño, venían defendiendo desde hace tiempo que la legislación laboral española era inadecuada, porque habiéndose aprobado el Estatuto de los Trabajadores a principios de la transición, cuando la izquierda política y sindical era fuerte, había conseguido una norma muy garantista para los trabajadores y excesivamente protectora de los sindicatos.

No es de extrañar que ya entonces, el Sr. Ferrer Salat, Presidente de la patronal y cercano a Alianza Popular, se quejase del elevado coste del despido, de las supuestas dificultades legales para despedir y de la rigidez de la negociación colectiva. Casi treinta y tres años después, la Ley más reformada de la democracia española, sometida al miedo de la crisis, se va adecuar más que nunca a lo que los conservadores vienen defendiendo desde entonces.

El coste del despido ocupa los titulares de los medios, pero siendo importante no es lo que más: las indemnizaciones pueden mejorarse a través de la negociación si existen condiciones para ello, como demuestran los expedientes de regulación de la banca, las telecomunicaciones, las eléctricas u otras grandes empresas industriales o de servicios, en que las indemnizaciones por rescisión han superado los anteriores cuarenta y cinco días por año, sin que ello perjudicase a los trabajadores de otras empresas, bien al contrario eran referencia para mejorar.

En el fondo, las propuestas conservadoras, siempre tienen como objetivo una reducción drástica de los costes de trabajo, cuyo componente principal es el salario, que requiere el debilitamiento de los instrumentos de defensa colectiva de los trabajadores, empezando por los sindicatos.

Por eso los problemas están más en otros cambios que desprotegen a los trabajadores y aumentan la capacidad de decisión, e incluso de arbitrariedad, de las empresas menos innovadoras que presionarán indemnizaciones y salarios hacia sus límites más bajos, y de los que señalaré los cuatro principales:

1.   Desaparición de la autorización administrativa a los ERE

Con esta modificación son las empresas, tras el período que se establezca para la negociación, las que tendrán capacidad de decidir, quedando exclusivamente el recurso a los tribunales sobre las decisiones ya tomadas y aplicadas. Esto amplía la capacidad de decisión de los empresarios y debilita la posibilidad de respuesta de los trabajadores, en mayor medida donde la organización sindical sea más débil o no exista y pondrá a los jueces ante decisiones ya tomadas y, en muchos casos, difícilmente reversibles.

2.   Ampliación de los supuestos de causas económicas para los despidos

Sin necesidad de acreditar pérdidas, simplemente con reducciones de ingresos en tres trimestres consecutivos, se consideran justificadas las causas para el despido procedente de un trabajador.

Es destacable que al señalarlo así para estos supuestos, automáticamente se convertirá para los jueces en causa significativa, en casos de despido colectivo vía ERES, lo que amplía, en un período de crisis como el actual, la capacidad de actuación de las empresas, sin posibilidad de defensa para los trabajadores.

3.   Eliminación de la vigencia de los convenios tras dos años sin acuerdo

Hasta ahora, en caso de desacuerdo en la negociación de convenios colectivos, se consideraba importante defender a los trabajadores como partes más débiles. Así se mantenía la vigencia de los convenios en todos sus términos, hasta que se alcanzase un nuevo acuerdo. Es lo que se llamaba ultractividad de los convenios.

Con el cambio, esto se mantendrá dos años tras finalizar la vigencia; después el convenio no será de obligado cumplimiento, de forma que a un empresario que quiera imponer un recorte drástico de derechos, le bastará con bloquear el acuerdo durante dos años para tener las manos libres y a los trabajadores no les quedará más recurso que la movilización.

4.   Prevalencia de convenios de empresa sobre los sectoriales y ampliación de los supuestos de descuelgue

El cuarto punto es la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, algo que ya sucedía hasta ahora en gran parte de los convenios de grandes empresas, en que sus condiciones son mejores que las de los convenios sectoriales, pero no en las pequeñas y medianas, con menor nivel de organización y más dependientes y sensibles a las presiones del empresario.

Este punto es especialmente relevante en un caso como el español, en que el 42 % de los trabajadores dependen del 90 % de empresas que tienen menos de 50 trabajadores, en los que su capacidad negociadora, al margen de las organizaciones sindicales, se verá absolutamente mermada.

Tiene razón el PP al definirla como una reforma profunda y pensada, aunque sea pensada para reforzar el poder empresarial, debilitar aún más al sindical y, sobre todo, mermar los derechos de los trabajadores y presionar para una reducción palpable de los salarios.

Sectores conservadores y representantes ultras del empresariado, venían presionando desde hace tiempo para que el PP “no fuese débil y aprovechase la crisis para llegar a donde hasta ahora no se había podido llegar”.

El Gobierno de PP ya no habla del cambio de situación que vaticinaba en la oposición para cuando llegase Rajoy. Ahora pintan el panorama con perfiles muy graves y aplazan la creación de empleo para finales de 2013, porque como buenos conservadores piensan que el “miedo guarda la viña”

Además algunos conspicuos tertulianos de su cuerda, culpan a los “desalmados trabajadores de las grandes empresas con contratos fijos, de defender sus intereses corporativos a costa de los parados y los jóvenes”. De los que se lo han llevado y se lo siguen llevando crudo, ni una palabra.

Supongo que los sindicatos han tomado nota y no caerán en provocaciones, ni dejarán de movilizarse al ritmo que las circunstancias permitan.

Pero sobre todo harán una campaña capilar y didáctica para que todo el mundo entienda lo que esta reforma significa y que de ésta todos, trabajadores y parados, jóvenes y mayores, salen perjudicados y los que se benefician son los mismos de siempre. Si se hace este trabajo, la intensidad de la movilización será mayor sin duda. Porque los sindicatos deben pensar en la mayor movilización ahora, pero también en poder sostenerla más adelante.

El PP no se cree que con esto se va crear empleo, su propio planteamiento lo reconoce, lo hacen para dar satisfacción a los “mercados” que mandan y sobre todo, para que cuando haya crecimiento la situación sea más favorable para los empresarios y menos favorable para los trabajadores: ¡Vamos, pura ideología de derecha ultra que sólo va a ser útil para los empresarios más atrasados!.

Andrés Gómez

12 de febrero de 2012