DE RESCATES E INTERVENCIONES

El avance de la decisión de rescate de la banca española, su cuantificación en una cifra indeterminada entre 60 mil y 100 mil millones de euros, y el anuncio posterior por el BCE de la posibilidad de compra, en el mercado secundario, de deudas de países con dificultades, ha tenido una reacción en los mercados que da lugar a pocos equívocos.

La mejora en las Bolsas, singularmente en la española, supera la de una prima de riesgo que se resiste a bajar de 400 puntos, lo que implica intereses de la deuda a largo plazo en torno al 6%.

Esta situación pone en cuestión la idea de que los rescates no costarán a los contribuyentes. Obviamente, la noticia de una inyección masiva de dinero en los bancos para cubrir los daños de la burbuja inmobiliaria, es valorada de manera distinta por los mercados, es decir como una mejora de expectativas de las empresas financieras, inmobiliarias y constructoras, al tiempo que dan por descontado que, como es el Estado el que asume la responsabilidad, su deuda se incrementará y el riesgo de devolución también, lo que influye en sus expectativas de riesgo y los intereses a pagar.

Esta tendencia también pone en cuestión el mensaje de que la creación del banco malo no tendrá coste para los contribuyentes, como afirma con rotundidad la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría. De hecho el Ministro Guindos, menos rotundo, dice que la idea es "minimizar" este coste.

Que resolver la inmensa pérdida de valor de los activos inmobiliarios dañados sin aportaciones públicas es posible, no se lo cree nadie.

Una de dos, o antes de sacarlos de los bancos se les valora por encima de su valor real y entonces el Fondo del rescate inyecta más capital a los bancos y el rescate es más caro, o lo valora a precios más bajos y el coste se producirá para la entidad gestora pública cuando los venda por debajo de su valor; y quien responderá en cualquier caso será el  Estado, o lo que es lo mismo los contribuyentes.

El hecho de establecer un período de quince años de vida para el banco malo y, por tanto, para la venta de los activos dañados gestionados, aplazará el momento en que se conozcan los resultados reales de las ventas, pero no los intereses que se pagarán por el dinero recibido, ni facilitará que aquellos activos invendibles se vendan.

Tan claro lo tienen los mercados que el día en que el Consejo de Ministros anunció su decisión, subió la Bolsa y subió también la prima de riesgo de la deuda soberana española. Y su bajada tras el anuncio posterior de Draghi se ha estancado por encima de los 400 puntos, porque ya se considera que la deuda española se incrementará, de una u otra forma, en 100 mil millones, de aquí a final de año.

El PP tiene prohibido hablar de rescate e intervención. No se trata de que uno y otra no se produzcan, sino de que no se reconozcan. Después de meses de Gobierno de Rajoy ya hemos aprendido que para saber lo que van a hacer en España, hay que estar al tanto de lo que se dice en Frankfurt, Bruselas o Londres.

Porque lo que hacen Rajoy y Guindos es hablar primero, con la menor transparencia posible, con Alemania o la UE y decretar aquí después, evitando al máximo la intervención del Parlamento. Lo crudo es que así van anticipando o incluso incrementando las condiciones del rescate, sin ni siquiera tener garantizadas las ayudas y la bajada de los tipos de interés de la deuda.

Aparentan soberanía con el único objetivo de garantizar que el PP y sólo el PP, interviene en la información de las medidas para poder adecuarlas a su interés partidario. Lo que hicieron con los Presupuestos y las medidas dirigidas a las autonomías, en el caso de las elecciones andaluzas, y lo que están haciendo ahora con el fin de salvar las gallegas y las vascas. Sólo se anticiparon con la reforma laboral y han aprendido lo que les costó.

Por eso ahora se pone sordina a las condiciones del rescate, porque una parte de ellas se han anticipado, pero estaban en las primeras "recomendaciones" de la Comisión y el BCE, y las que faltan son las referentes a pensiones y prestaciones por desempleo, de las que no se hablará hasta pasado el 21 de octubre.

Es una perversión de la democracia en la que los mercados actúan sobre las instituciones de la UE, éstas sobre el Gobierno de España y éste actúa como si decidiera, con la máxima sordina, porque en el fondo le viene bien. Le sirve de coartada para "hacer lo que hay que hacer", es decir poner en pie su programa ideológico y ajustar cuentas con una transición democrática con la que Alianza Popular, el antecedente del PP, en realidad, nunca estuvo de acuerdo. A Rajoy se le escapó en su entrevista en TVE, que la reforma del Estatuto de los Trabajadores era una necesidad desde hace treinta años, lo que entonces sólo era una reivindicación de AP y la patronal de Ferrer Salat.

Una perversión democrática en la que el PP, una vez más, lejos de hablar claro y explicar lo que quiere hacer, afrontando la reacción de la sociedad y los ciudadanos, recurre a la mentira, sólo por sus intereses partidarios.

Estamos rescatados y lo vamos a estar más. Estamos intervenidos y lo vamos a estar más. Si alguien tiene alguna duda, la prueba del nueve la tendremos en los próximos presupuestos -no cuando se presenten sino cuando salgan del Congreso- y en lo que pase en ellos con las pensiones y las prestaciones por desempleo.

El aplazamiento de su reconocimiento por Rajoy, a la espera de las elecciones del 21 de octubre, sólo provocará que la prima de riesgo, y los intereses a pagar por la deuda emitida en este período, sean más altos, con el correspondiente daño a las arcas públicas. Porque es sintomático que, mientras se reducen los salarios de los empleados públicos, en los presupuestos del próximo año será superior el coste de los intereses de la deuda que los costes de personal.

 

Andrés Gómez