EL DÉFICIT Y LOS IMPUESTOS EN

LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS

Según el Gobierno, al cierre de 2011, el déficit del Estado alcanzó el 8,5 % y tras el tira y afloja con la Comisión Europea, la flexibilización sobre el objetivo marcado del 4,4 para este año, lo podrá situar en el 5,3 % y no en el 5,8 como pretendía inicialmente, y reforzando el compromiso de llegar al 3 % en 2013.

Cada punto de déficit sobre el PIB equivale a 10.000 millones de euros, de forma que bajar 3,2 puntos este año, supone reducirlo en 32.000 millones y bajar de 5,3 al 3 % el año que viene supondrá 23.000 millones más y, en este aspecto, alcanzar un crecimiento de  entre el 1 y el 2 % del PIB en 2013, sería casi irrelevante a efectos de reducción de esta cifra.

Es evidente que la mayor responsabilidad en la desviación de 2011 ha estado en las Comunidades Autónomas, mayoritariamente gobernadas por el PP desde mayo y que aunque pudiesen alegar en algún caso responsabilidades anteriores, lo que no pueden argumentar nunca, salvo que quieran incurrir en ineficacia o falsedad, es desconocimiento de sus cifras hasta ahora.

Pero más allá de todas estas guerrillas del PP, para quitarse de encima responsabilidades que, aunque fuese por coherencia debería compartir, lo que dicen los números es que, salvo cambio de política en la UE, hoy por hoy no previsible, en estos dos años el conjunto de las cuentas de las administraciones públicas deben asumir una reducción de 55.000 millones de déficit. Eso implica reducción de gasto y/o subida de impuestos por ese importe.

En sus primeras medidas subieron el IRPF, recortaron gasto del Estado e indujeron una reducción adicional a las Comunidades Autónomas. En una segunda fase han utilizado su gobierno en el Estado y en la mayoría de las comunidades, para ejercer presión con el objetivo de que fuesen las propias comunidades las que asumiesen el coste político de los fuertes recortes, que afectan a los servicios y prestaciones, especialmente sensibles (sanidad, educación y servicios sociales) de los entes autonómicos. Todo menos descubrir sus cartas antes de las elecciones andaluzas, a pesar de las presiones de Bruselas, incluidos los 5.000 millones más de reducción del déficit.

Rajoy y el PP se han hartado de hacer ideología con los impuestos, pese a conocer sobradamente la realidad. Antes de las elecciones ofrecían bajar impuestos, después dan una de cal y otra de arena: suben el IRPF pero un día juran que no subirán el IVA y al siguiente dicen que “lo más probable es que ya se verá”.

El PP sabe que la dimensión del problema, si la UE no flexibiliza los objetivos y combina la austeridad con estímulo para años sucesivos, hace imposible cumplirlo si no se recomponen la  recaudación y, al menos, la mitad del déficit se cubre con ingresos. Pero no sólo para resolver el déficit ahora, también para tener un sistema fiscal solvente después el problema será el mismo.

Por eso lo que está en cuestión para el futuro no es si se suben o no los impuestos, se van a subir y el PP sólo está midiendo cuando hacerlo, teniendo en cuenta que va ajustar en este presupuesto, pero que también lo hará en 2013. El problema es cómo y con qué efectos distributivos se harán las subidas.

La reciente publicación de las estadísticas definitivas de la Agencia Tributaria para 2009 y el avance de la liquidación del 2010, ya en plena crisis, nos dan pistas. El hundimiento de la recaudación ha sido especialmente grave en IVA y en sociedades.

En IVA las causas principales han sido el efecto combinado del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y el incremento del fraude por la crisis, porque algunos han mantenido sus ingresos líquidos a costa del fisco.

En Sociedades la enorme caída de recaudación no se corresponde con la evolución de los beneficios de las empresas y si con la bajada de los tipos del impuesto y el abuso cada vez mayor de desgravaciones y deducciones,  que lleva a que el tipo efectivo sobre base imponible se sitúe en el 16 %, 15 % para los grandes grupos, y que aún sería inferior, en torno al 10 %, si el cálculo se hiciese sobre el beneficio contable. Estas cifras desmienten la idea de que el impuesto “real” sobre las empresas en España sea más alto que la media europea.

El PP ha subido el IRPF, pero estanca la progresividad en 300.000 euros anuales, de manera que el que gane 1 o 2 millones tendrá el mismo 7,5 % de recargo que los  de 300.000 y su carga es, además, moralmente menor que la que se impone a rentas inferiores. Al mismo tiempo la subida de 2 puntos a las rentas del capital, no compensará el hecho de que las rentas del capital media declaradas son menos de la mitad que las del trabajo y empeorando su relación progresivamente.

Nada dicen de gravar a las grandes fortunas y el gran debate lo establecen, pese a negarlo, sobre el IVA y los impuestos especiales.

El problema es que será necesario tocar todos los impuestos, pero para hacerlo con justicia habría que combatir con mayor contundencia el fraude, sobre todo el gran fraude, hacer que las grandes fortunas y rentas paguen más, que los impuestos a las empresas sean más justos y eficaces también, porque de lo contrario la idea que quedará de nuevo es que los asalariados, vía IRPF, y los ciudadanos, sin distinción de nivel de renta, vía impuestos indirectos, son los únicos que pagan y que es el mundo al revés: los que menos tienen pagan para mantener a los que más tienen.

El PP sabe que esa idea está muy difundida en la población, de ahí la hipocresía con se comporta, sigue difundiendo la idea de que hay que pagar menos impuestos y busca siempre excusas para justificar que si los sube no es por culpa suya.

Las conversaciones discretas de los gobiernos alemán y francés para unificar sus impuestos a las empresas y al consumo, serían una buena coartada. Por eso están aplazando algunas decisiones.

Los Presupuestos para 2012 despejarán algunas dudas, pero habrá que esperar,  porque a lo largo de este año y en los Presupuestos para 2013 se resolverán el resto de las incógnitas.

Andrés Gómez Sánchez

24 de marzo de 2012