LA REFORMA, LA HUELGA Y LOS SINDICATOS

El poder da alas. Con un respaldo del 44% de votantes y poco más del 30% del censo, pero mayoría absoluta holgada en las cámaras, gran mayoría de gobiernos autonómicos y municipales, el respaldo de la política de derechas en la Unión Europea y la complicidad del nacionalismo catalán conservador, el Gobierno del Partido Popular afronta la reforma y el cambio de relaciones laborales más agresivos de la democracia, a pesar del rechazo en las encuestas de dos tercios de los ciudadanos, incluido casi un cuarto de sus votantes.

La  reforma nada tiene que ver con la crisis, ni va a crear empleo que no crease la economía sola, responde a cánones ideológicos neo conservadores, cada vez menos distinguibles del neo fascismo, cuyo objetivo confesado hace decenios es eliminar el Derecho del Trabajo y la regulación al capitalismo, construidos en los países desarrollados tras la guerra mundial, eliminar la mayor parte de los igualadores sociales del estado de bienestar y poner lo público al servicio de los grandes negocios.

La reforma facilita las causas de despido, eliminando la autorización administrativa de expedientes de empleo y de modificación de condiciones de trabajo, acaba con la prorroga de las condiciones pactadas en convenio de haber desacuerdo y permite la existencia de convenios de empresa que empeoren los sectoriales, alterando profundamente las relaciones de negociación colectiva entre trabajadores y empresarios, dando poder casi absoluto a los últimos y un golpe mortal al diálogo social.

De ahí que el PP no haya tenido intención de hablar en serio con los sindicatos de la reforma y que las llamadas “reuniones técnicas” hayan buscado transmitir la imagen de un diálogo real inexistente. Porque la reforma necesita debilitar cualquier representación colectiva de trabajadores y manos libres para aplicarla en la empresa.

De ahí la campaña antisindical del TDT party, o su versión igual de “irrespetable”, del Director del “El Mundo”, cuyas mentiras y descalificaciones groseras, buscan debilitar la huelga pero también abonar el terreno a más retrocesos, como limitar el derecho de huelga, que consideran imprescindible para sus objetivos.

La actitud de estos sectores ante la huelga es hipócrita: la rechazan pero la desean y desean que fracase para “partir el espinazo a los sindicatos” porque se creen Thatcher frente a los mineros británicos.

Los sindicatos no deseaban la huelga, porque son conscientes de que el rechazo muy mayoritario a la reforma coexiste con el miedo a perder el empleo provocado por la crisis y, ahora  también, por la reforma, que hace que muchos trabajadores la consideren justa pero no se atrevan a hacerla. No les ha quedado otro camino, porque de no hacerla, una ultraderecha política y económica envalentonada subiría el listón de su presión.

Al margen de valoraciones sobre los sindicatos, la realidad es que se busca un modelo de relaciones laborales, en que cualquier representación colectiva y organizada de trabajadores tenga un contenido meramente formal y sin influencia en las condiciones de trabajo reales. Por eso hay que asumir sin complejos que la defensa de los sindicatos, de las organizaciones de trabajadores, es un motivo más para el éxito de la huelga, porque de lo contrario, la debilidad de los trabajadores será mayor y no sólo saldrá adelante la reforma, también la defensa en el futuro de sus condiciones de trabajo en las empresas será más desfavorable.

Por su parte CC.OO, y UGT deben afrontar el cambio profundo que  supone este modelo en su actuación y estructuras para el futuro.

La reforma debilita su peso institucional y el retroceso en la legislación sobre despido y negociación colectiva, hacen que necesariamente su influencia tenga que desplazarse a las empresas. Su actuación sobre despidos, expedientes de empleo, modificación de condiciones de trabajo y convenios tendrán que ganarlas caso a caso, y acumular fuerza, si quieren recuperar después influencias mayores.

De otro lado la ofensiva antisindical no cejará, irá desde lo económico hasta lo judicial. Si los sindicatos necesitan reforzar su independencia del poder, a la previsible reducción de sus estructuras deberán añadir una profunda reestructuración que vuelque sus recursos en acción sindical en las empresas, para coordinar mejor a las grandes y ampliar su organización e influencia en las medianas y pequeña.

No es un camino fácil, es simplemente imprescindible para la supervivencia de unas organizaciones que en el futuro serán todavía más importantes para los trabajadores y la democracia y que de fracasar, reforzarían el extremismo.

Andrés Gómez Sánchez

15 de marzo de 2012