EL RESCATE, EL BANCO MALO Y LOS DESHAUCIOS

El Gobierno de Rajoy hace de la necesidad virtud: si llueve hace bueno para el campo y si no para las plantas. Tras semanas de deshojar la margarita con la petición o no del rescate a la UE, a la espera de que pasen todas las elecciones pendientes, y de clamar contra la prima de riesgo y los intereses de la Deuda, hemos pasado a quitarle importancia y a los brotes verdes, esta vez en versión Fatima (Virgen del Rocío) Báñez.

No se sabe muy bien si el cambio se debe al intento de ganar tiempo a la espera de las elecciones catalanas o si, por el contrario, temen que la solicitud sea recibida con una negativa o unas condiciones que, en la práctica equivalgan a ella, por parte de Alemania.

El hecho es que hemos pasado de confiar en una prima de riesgo de 200, equivalente a tipos de entre el 3 y el 3 y medio de tipo de interés, a instalarnos confortablemente entre los 400 y 450 puntos, entre el 5 y el 6% de interés. Entre bambalinas el Ministro de Exteriores sugiere que la deuda, la privada se supone, es un problema tanto para el deudor como para el acreedor y Rajoy dice que podemos aguantar todavía, aunque ni siquiera el rescate bancario se ha hecho todavía efectivo, lo que se esperaba una vez aprobado el banco malo.

Con el banco malo el Gobierno tiene varios problemas. Uno de ellos es su empeño en conseguir financiación privada para que las ayudas derivadas a él no computen como déficit público. El problema es que la mayoría de las entidades financieras sondeadas se resisten a participar en él, tanto porque su situación tampoco es tan boyante como porque, conscientes de la "necesidad" política del Ejecutivo, están esperando a la valoración final de los activos, para que, caso de participar, le salgan lo más baratos y rentables que sea posible.

Pero como todas las monedas tienen su cara y su cruz, si los activos salen más baratos su impacto en las entidades afectadas será mayor y deberán recibir más dinero para su saneamiento, por la diferencia entre el valor contable en que estén contabilizados, las provisiones que hayan constituido para cubrirlos y el valor final de su transferencia al banco malo.

El Gobierno está atrapado entre su compromiso de que ésta solución no tenga ningún coste para los contribuyentes y una realidad que muestra lo contrario. De ahí las continuas contradicciones en que han incurrido los responsables del Ministerio de Economía en sus declaraciones al respecto.

De un lado han establecido quince años de vida para la entidad, lo que supone que este es el período previsto para vender los activos; de otro, para animar a los inversores anuncian que en cinco años el Banco será rentable, pero si esto fuese así no se explicaría porque su duración es mucho más larga. Además, hablan de rentabilidades de la inversión de hasta el 15% anual a partir del tercer año, lo que no se corresponde ni con las expectativas de los inversores, ni con las circunstancias del mercado, ni con el valor de algunos activos, tanto de suelo como de malas construcciones, que entrarán en el paquete.

La realidad de una solución que, inevitablemente, va a costar dinero a los contribuyentes, y que trata de activos que son viviendas, convive con otra realidad lacerante que es la creciente ola de desahucios que ya afecta a miles y miles de familias que se ven en la calle y a miles y miles de jóvenes que ya han renunciado a vivir fuera de la vivienda familiar.

Más allá de la tragedia de los suicidios que, pese a que nos la haga más evidente, responde a conflictos y decisiones individuales, el problema y la contradicción es mucho mayor si consideramos los millones de viviendas vacías y los centenares de miles de personas que malviven sin ninguna, en muchos casos con trabajos e ingresos, pero que no les permiten responder de sus hipotecas o acceder a un techo.

Resolver el problema de las hipotecas es una parte, pero en muchos casos, resuelto el embargo viene la segunda parte, que es quedarse sin sitio donde vivir.

El banco malo acumulará centenares de miles de viviendas, no todas  vendibles, aunque podrían solucionar miles de problemas de gente sin vivienda. Disponer cincuenta mil para alquiler, a un coste medio de ochenta mil euros, supondrían cuatro mil millones, menos del 10% de las ayudas a la banca, y alquiladas a un precio medio de 425 euros, supondrían un ingreso anual para la entidad de doscientos cincuenta y cinco millones anuales, más de doscientos si se excluyen los gastos de gestión y mantenimiento.

Como sí va a haber coste para los contribuyentes, por lo menos que una parte sea útil socialmente. Sólo el dogmatismo y los prejuicios ideológicos del PP puede negar algo tan evidente.

Rescate y banco malo tendrán novedades en los próximos meses. Al menos esperemos que una parte de los desahucios también.

 

Andrés Gómez