PRIVATIZACIONES

MÁS NEGOCIO Y MENOS EFICACIA

Cualquier análisis serio sobre el funcionamiento de los servicios públicos debe combinar equilibradamente su valor social con su eficacia económica.

Son servicios que cubren necesidades básicas de los ciudadanos y de cuya provisión de calidad dependen cuestiones como la educación, la salud, la atención a los más débiles como los ancianos o los discapacitados, o el transporte público, que contribuyen a la igualdad social, pero también al funcionamiento de la economía.

Su valor social es prioritario y no es incompatible con la eficiencia económica, que debe conseguirse más con eliminación de grasa innecesaria, de burocracia, de duplicidades de funciones, de abusos y delirios de grandeza que con recortes indiscriminados de derechos y prestaciones.

Es conveniente recordar estos principios, porque después de decenios de hegemonía conservadora se ha transmitido la idea de que la protección social pública es insostenible y contradictoriamente, a su vez, que su sostenibilidad depende de su privatización, porque el sector privado es más eficaz para organizarlos.

De la falsedad de esta idea son muestras desde la privatización del sistema de pensiones en Chile, que privó de este derecho a millones de chilenos y desvió miles de millones de dólares a unos pocos bolsillos privados, hasta los intentos de privatización de la sanidad británica por gobiernos conservadores, que siempre han tenido que ser corregidos.

Esta ola privatizadora ha vuelto a Europa aprovechando la crisis financiera. De un lado se considera que la debilidad de la socialdemocracia, principal impulsora de las políticas públicas, lo permite. De otro la magnitud del capital acumulado en este tiempo y la falta de alternativas de inversión "suficientemente rentables", dada la evolución de los mercados de valores, inmobiliarios y de deudas soberanas, requiere libertad para que el capital hinque más el diente en la salud, la educación y los servicios sociales necesarios para las personas, como ya lo hacen en los mercados de alimentos, como fuente de negocio.

Y lo quieren ampliar en lo financiado por lo público, porque lo financiado exclusivamente por lo privado ya lo tienen y les parece poco. Es un nuevo asalto a las arcas públicas.

La derecha española ha decidido ponerse en la vanguardia de esta ofensiva. Ya habían dado pasos como el reforzamiento de la enseñanza concertada o la gestión total o parcialmente privada de algunos hospitales y, sobre todo, ya lo habían hecho en Cataluña, donde la hegemonía nacionalista de CiU, durante muchos años, había conseguido que el régimen de conciertos en sanidad o educación, minoritarios en otros lugares de España, allí fuesen mayoritarios.

Ahora, el caso de la sanidad de Madrid se intenta convertir en ariete para el conjunto, con tal vehemencia que hasta encuentra resistencia en algunos sectores del propio PP.

El proyecto global conlleva la privatización total de los seis hospitales que hasta ahora funcionaban con gestión pública de la parte sanitaria y privada de la construcción y el resto de los servicios, con la transformación de hospitales como el de la Princesa o el Carlos III, en hospitales destinados a colectivos con especial riesgo -por ejemplo mayores- con la extensión del modelo de gestión privada de todos los servicios no sanitarios al resto de hospitales y con la privatización, también del 10% de los centros de salud.

Se trata de privatizar las partes que requieren menos inversión, ya que los nuevos hospitales carecen de las especialidades quirúrgicas más complejas, como la hematoncología o la neurocirugía, y de dejar dentro del sector público a colectivos más costosos como los mayores, de ahí el intento de convertir la Princesa en un geriátrico, con el fin de que los sectores con "pérdidas" se queden en lo público y los susceptibles de dar "beneficio" pasarlos al privado, previas transferencias de cuantiosos recursos públicos.

Independientemente de deficiencias de gestión o abusos, que en todo caso se pueden resolver, la gestión pública se mueve por el interés general y no busca beneficios, mientras que la privatización debe generar beneficios para el negocio, lo que ya supone un encarecimiento, salvo que se reduzca personal, inversión o condiciones de atención, que empeoren el servicio para los pacientes. Un margen de beneficio como el que buscan los inversores privados no se consigue sólo "con mejoras organizativas".

Dos ejemplos. La sanidad catalana, la más privatizada de España desde hace años no es la más barata. De hecho el gasto sanitario medio por habitante en Cataluña entre los años 2000 y 2010, fue un 5% superior al del resto de España, a pesar de tener una dispersión territorial y un porcentaje de mayores de 65 años inferior a la media.

Por otro lado la experiencia de gestión público-privada de los seis nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid muestra que los cánones de concesión previstos en el proyecto de Presupuestos para 2013, serán un tercio superiores a los pagados en 2009, es decir tres veces la inflación del período. Este dato está  en contradicción con el proceso continuo de recorte presupuestario, ya que hay que cumplir con los incrementos por revisión de los contratos con los privados y, como se ve superarlos, a través de mejoras, dada la capacidad de presión que ese sistema da a las empresas concesionarias, por la dependencia de ellas para el funcionamiento del servicio. O lo que es lo mismo, reducción de la parte del presupuesto destinada a lo público para incrementar la dirigida a los negocios privados. Y sabemos lo que eso, que ahora afecta a una parte muy minoritaria, puede suponer cuando se extienda.

Vamos que lo del abaratamiento y la mayor eficiencia de la gestión privada es una broma que, una vez más, pone de acuerdo, a pesar de la virulencia con que se tiran los trastos por otras cuestiones, a las derechas catalanas y madrileñas, que hasta se parecen en el recopago del euro por receta.  

 

Andrés Gómez