LA DERECHA ECONÓMICA QUIERE MÁS

Ya lo anticipó el Presidente de la CEOE Joan Rosell: la derecha económica y la ultraderecha conservadora quieren más ajuste todavía. En el imaginario ideológico de la derecha económica la reducción a la mínima expresión de lo público es el norte, para la ultraderecha conservadora lo es la destrucción del Estado de las Autonomías; el denominador común, seguir despidiendo empleados públicos y recortando y privatizando servicios.

Adicionalmente, se trata de trasladar la idea de que los sectores económicos van a pagar un coste excesivo por el ajuste. Que se suben mucho todos los impuestos, lo que puede impactar en la actividad. En el fondo se trata de seguir criminalizando todo lo público y mantener en el ideario colectivo la demonización de los impuestos.

Así en los últimos días y tras la publicación del conjunto de medidas en el Boletín Oficial del Estado, se han multiplicado las opiniones de blogueros y tertulianos que, o culpan a las Comunidades Autónomas de los males que padecemos, o cargan las tintas sobre las supuestas subidas de impuestos a las empresas o los profesionales liberales y minimizan el impacto, más real, de la bajada de cotizaciones a la Seguridad Social.

Los sectores de la derecha más populista, condescendientemente, mezclan en el mismo saco los recortes dirigidos a parados, empleados públicos y pensionistas con la subida del IVA, el IRPF o el Impuesto de Sociedades y concluyen, como si de verdad lo creyesen, que así nos hundiremos. Este tipo de generalizaciones, sin entrar en el contenido real de las medidas, facilita a Rajoy el argumento de que sin subir los impuestos y bajar gastos es imposible reducir el déficit.

Pero ambos argumentos son falsos, porque no se trata de no reducir gastos, ni dejar de subir impuestos, sino de cuáles y cuánto son los gastos que se recortan y cuáles y cuánto los impuestos que se suben. En definitiva, de quiénes serán los sectores sociales que soportarán unos y otros.

La subida del IVA es concreta y, con los datos publicados en el BOE, más alta que la inicialmente anunciada por la salida masiva de bienes y servicios hasta ahora gravados por el IVA reducido, que era del 8%, o del super reducido, que era del 4, hacia el tipo general que se sube al 21%.

La bajada de las cotizaciones sociales a los empresarios, también es concreta, dos puntos entre 2013 y 2014.

La mayoría de las medidas dirigidas a los impuestos de las empresas y las personas físicas no tienen el mismo contenido. En el caso del IRPF de los profesionales liberales, porque no se trata de una subida del tipo del impuesto y sí de la retención del 15 al 21% hasta 2013 y reducida al 19% a partir de 2014. En el impuesto de Sociedades, porque al margen de reducciones de menor cuantía en bonificaciones por algunos conceptos, porque también se trata no de subida de tipos del impuesto, sino de un incremento de los pagos fraccionados a cuenta.

Es decir, se trata de incrementos de retenciones que se corrigen cuando se hace la liquidación definitiva del impuesto. De esta manera se podría argumentar que en una situación de sequía de crédito como la actual, se pueden añadir tensiones de liquidez a empresas y profesionales, o que, en caso de tener que recurrir a crédito, les carga el coste de los intereses, pero en ningún caso se les suben los impuestos.

Por el contrario la bajada salarial de los funcionarios o de las prestaciones por desempleo, o la subida brutal del IVA, la reducción de gasto en servicios públicos, incluida la dotación para la Ley de Dependencias, que representan más del 95 % del coste anualizado de los recortes, según los datos facilitados por el Gobierno a los inversores extranjeros, sí son costes concretos para millones de ciudadanos. Costes que se añaden a medidas ya adoptadas con anterioridad y que han perjudicado, casi siempre, a los mismos.

Por lo que se refiere al Estado de las Autonomías es verdad que se han cometido excesos y caciquismos que hay que corregir, como lo es que existen duplicidades y a veces triplicidades de funciones, con diputaciones y ayuntamientos, que hay que simplificar, pero lejos de ello la presión se ejerce sobre el gasto social -educación, sanidad o servicios sociales- que mayoritariamente gestionan estos entes.

La reducción de un 30% del número de concejales es más un guiño hacia el hartazgo ciudadano de la política, más un intento oportunista de aprovechar este hartazgo para mejorar la relación de fuerzas a favor del PP, que un ahorro real, ya que la mayoría de los concejales de los pueblos de menos de diez mil habitantes, que son el número mayor, no cobran nada.

La eliminación de las diputaciones provinciales, la fusión de ayuntamientos o la reducción drástica de los cargos de confianza en todos los ámbitos, si que supondría una reducción importante de coste, pero eso no se aborda. Como tampoco se habla de la necesidad de desarrollar el modelo autonómico hacia uno federal, que garantice la igualdad de derechos en todo el territorio español o acabe con la carrera para competir en bajadas de impuestos en las diferentes comunidades.

El problema es que Rajoy ha puesto en evidencia su debilidad. Los mercados han puesto en evidencia su insaciabilidad y que dan más valor a la devaluación de la economía española para comprar barato. Que Europa reacciona tarde y mal.  

Y, en este contexto, la derecha económica y la ultraderecha españolas consideran que es un buen momento para seguir presionando, y aprovechar la debilidad del Gobierno, para conseguir sus "programas máximos". Piden más reducción de gasto y no dicen nada de lo que ya se ha reducido en todas las Administraciones Públicas desde 2010 y que ha afectado, sobre todo, a las capas medias trabajadoras y a los parados.

O no saben lo que hacen o son unos completos desalmados. Con la situación existente en Cataluña y el País Vasco, multiplicada con la crisis, poner en cuestión las Autonomías es apagar el incendio con gasolina. Con el desempleo creciendo y la economía cayendo, más presión sobre los débiles para acrecentar las posiciones de privilegio de algunos sujetos y algunas empresas, haría que a algunos les estallase la crisis social y económica en la cara.

A otros no, porque estos "patriotas" son los que están sacando el dinero a espuertas del país.

  

Andrés Gómez