LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

Para que haya corruptos tiene que haber corruptores. Pero de los segundos casi nunca se habla.

La crisis financiera ha puesto en evidencia el obsceno nivel de intervención de los poderes económicos en la política. Y la creciente desregulación bancaria impulsada por algunos dueños del dinero, a través del mundo de la política sí, pero también del académico o de los medios de comunicación, les ha permitido moverse sin trabas y con impunidad para acumular cada vez más dinero y más poder a costa de los ciudadanos medios.

Las informaciones dadas a conocer después de la quiebra de Lehman Brothers pusieron en evidencia la inmoralidad de una gestión que no se limitaba solo a esa entidad. Ahora, tras la imputación a directivos de Barclays por la actuación criminal en las prácticas de acordar  fraudulentamente los tipos de interés LIBOR para obtener ingentes beneficios, se da a conocer la colaboración de la entidad británica HSBC en actuaciones delictivas, en blanqueo con cárteles de la droga o tráfico de armas y con personalidades relacionadas con Al Qaeda. No son casos aislados ni los únicos implicados.

La culpa de los políticos se generaliza, la de los banqueros, los académicos o los medios de comunicación no. Lo segundo es normal, porque no todos los banqueros, periodistas o académicos han participado de esas prácticas; lo primero no lo es porque no todos los políticos son culpables.

La diferencia es que mientras en el caso de la política coinciden los damnificados por la crisis, que reaccionan con rabia a la falta de soluciones a sus problemas contra sus causantes, en los otros casos funcionan las influencias y se ataca a los políticos para debilitarlos aún más, hacerlos más dóciles a sus intereses, y se salva a los otros sectores, bajo el argumento de la "sacrosanta" actividad privada, que se defiende cuando interesa y se ignora cuándo no interesa.

El cabreo de los débiles tiene su lógica -es innegable que muchas de las barbaridades cometidas desde la política han contribuido al deterioro de su imagen- aunque son los más interesados en que la política funcione, porque es un factor que les defiende de los poderosos. Por eso deberían diferenciar la mala de la buena política, los malos de los buenos políticos, porque de lo contrario reforzarán a aquellos que la critican solo para seguirla desgastando y aumentar su ya inmenso poder.

Un sector importante del PP, que vive de la política y la utiliza, lanza permanentes mensajes contra ella. Es como si hiciesen suya aquella sentencia de Franco que recomendaba a sus ministros "que no se metiesen en política". Lo dicho para el mundo de la política vale para los sindicatos y para todas las actividades de servicio público, que forman parte de lo colectivo, de la política. Desgraciadamente , este sector ya ha contaminado el discurso del PP y la actuación del Gobierno de Rajoy, para formar parte de la ofensiva conservadora, para controlar más la política, que nadie les pida cuentas por sus responsabilidades y ser más amos que nunca.

A eso responden sus ataques indiscriminados a los sindicatos. A ellos no les preocupan ni los liberados ni las subvenciones, que han mantenido e incluso promovido desde hace tiempo. Les preocupa que existan organizaciones que no comulguen con sus ideas y puedan encabezar, ahora y en el futuro, una batalla por la recuperación de la política democrática.

Es evidente que la falta de firmeza del primer partido de la oposición, sus dudas y a veces dobles mensajes, así como su escasa permeabilidad a los cambios, no contribuyen a la regeneración necesaria.

La exigencia a los políticos para que defiendan el interés general, para que sean ejemplares en sus actuaciones, para que respondan ante los ciudadanos de sus compromisos electorales y las denuncias a los que no lo hagan así son imprescindibles.

Pero también lo es que no se contribuya a un discurso indiscriminado contra los políticos ni se descalifique a la política. A pesar de sus limitaciones y dificultades, vivimos en una sociedad democrática y en ella, si no defendemos y ejercemos nuestros derechos podemos perderlos.

El de elegir nuestros representantes es de los más importantes y si no lo ejercemos o le quitamos valor, legitimaremos a los que lo usan instrumentalmente sin creer en él, o les daremos argumentos para restar valor a la movilización social bajo el argumento de que tienen muchos votos.

Sin gobiernos elegidos con los votos no hay democracia. Sin derecho a contestar y movilizarse contra las decisiones injustas de los gobernantes tampoco. Ambas cosas forman parte de la política democrática y ambas son las que incomodan a los que quieren tomar las decisiones sin interferencias de ningún tipo para ejercer su poder.

Frente a la criminalización de la política hay que dar una profunda batalla ideológica por su regeneración. Eso implica participar en los ámbitos existentes o crear otros nuevos. Si la movilización no tiene cauce para obtener resultados pierde eficacia. Si la gente se aleja de la política los únicos beneficiados son los que no creen en la democracia, porque prefieren ser ellos, sin ningún control, los que decidan.

                                                                      

Andrés Gómez