EL INFORME DE LOS AUDITORES Y EL RESCATE

No era muy tranquilizador escuchar el jueves las explicaciones del Secretario de Estado de Economía y el Subgobernador del Banco de España sobre los resultados de las "auditorías" al sector financiero español, realizadas por las empresas Oliver Wyman y Roland Berger.

Y no era que las cifras presentadas fuesen malas, sino que en la medida en que se extendían en las explicaciones, quedaba más claro que no se hablaba del resultado de una auditoría real y sí de un informe elaborado ad hoc para servir de soporte a posiciones preconcebidas.

Los informes empezaban por reconocer que no disponían de información desagregada para cada entidad -trabajo que realizarán con posterioridad otras entidades. Esto implica que han tenido que trabajar con cifras agregadas elaboradas previamente, posiblemente por el propio Banco de España; y no es que las cifras del BE sean incorrectas son sin duda las mejores, si no las únicas, fiables sobre el sector financiero español. El problema de estos informes está en su propia definición, ya que se llaman auditorías a cosas que no lo son lo que, de entrada, les resta credibilidad.

De las no muy seguras  explicaciones lo que se podía deducir es que se trata de un informe con cifras salidas del mismo origen aunque elaborado con distintas hipótesis de partida, tan aceptables o no como cualesquiera otras. O dicho en "jerga econométrica", que se han metido los datos disponibles en la batidora, se han mezclado con distintas hipótesis de lo que puede pasar y se han agitado hasta sacar los resultados con una disparidad, nada despreciable, que va de 15 mil a 62 mil millones. La diferencia entre una y otra, e incluso con los 100 mil millones  límite ofrecidos por la UE, es importante porque de ella no sólo dependerá el mayor o menor endeudamiento del país, sino también los intereses a pagar cada año por su utilización  que, sin lugar a dudas, recargarán el déficit público.

Más allá del coste del informe, que para lo hecho no parece barato, la cuestión es si ha valido la pena dejar de lado el conocimiento de los profesionales del Banco de España para esto.

Sin embargo, cuando se profundiza en las preguntas sobre las posibles conclusiones prácticas de los resultados para la adopción de decisiones las cosas empiezan a aparecer más claras.

De las respuestas del Secretario de Estado se deduce que la intención es segregar los activos inmobiliarios tóxicos hacia un banco malo o una sociedad de gestión de activos, que es lo mismo, pero en una definición más "fina". De ser así la nacionalización de entidades habría sido una "broma de mal gusto", porque al final se segregarían las pérdidas hacia una entidad pública, y se venderían las entidades saneadas con sus beneficios operativos íntegros.

La otra novedad es la posibilidad de que las ayudas del FROB, que sería quien recibiría el crédito de la UE, en lugar de canalizarse hacia las entidades con problemas se puedan dirigir de forma directa a las entidades compradoras. O lo que es lo mismo, que los que compren no sólo comprarán barato, sino también seguro.

El Secretario de Estado dio por sentado que esas opciones estaban ya acordadas con las autoridades europeas. A expensas de que se fijen las condiciones definitivas de la Unión para formalizar la ayuda, ya que no sería la primera vez que se anuncia algo que después se desmiente, se confirmaría que la solución está prevista para una reprivatización acelerada, difícilmente compatible con que el sector público recupere las cantidades comprometidas o establecer una banca pública que equilibre el poder y arbitrariedad de las entidades privadas. Es decir, que lo pagaríamos los contribuyentes y sin contrapartidas.

Con relación a los efectos de esta noticia sobre los mercados habrá que esperar tiempo, no sólo por la amplitud de los plazos de todo el proceso -la información de la situación pormenorizada de todas las entidades se producirá en septiembre- sino porque en estos momentos más importante que el rescate, que todo el mundo da por descontado, serán las decisiones que se adopten sobre el futuro de la construcción europea, que será lo que dará o no confianza sobre el futuro del euro, y ahí las decisiones de los países de la Zona sobre sistema bancario, política monetaria y fiscal o planes de inversión comunes, serán, sin duda, mucho más importantes.

Andrés Gómez