EL INFORME DEL FMI SOBRE ESPAÑA

El Fondo Monetario Internacional no es la Biblia y sus informes tampoco. En este caso, su documento recoge recomendaciones, ya que las "directrices" se le dejan a la Comisión Europea, que formalmente es quien facilitará el dinero para el rescate de las entidades financieras españolas.

Desde hace tiempo, sus informes tienen varias almas, condicionadas por las distintas orientaciones políticas de sus redactores. Además, aunque cada vez sea menos obvio, se deja la formalidad final de las decisiones a los gobiernos de cada país, por lo que se acostumbra a incluir también sus criterios.

Pese a ello y a lo discutible y hasta rechazable de algunas de sus recomendaciones, la "Declaración Final de su Misión" en España, que es  como se denomina el informe, recoge aspectos que conviene analizar fríamente, que lo alejan del enfoque neoliberal dominante y que, sin duda serán más progresistas que las reconvenciones finales de "los hombres de negro".

Es destacable que la mayoría de los medios de comunicación, singularmente los de la derecha, se han ocupado de resaltar las recomendaciones que coinciden con su ideología y ocultar las demás. Hasta el diario "El País", que en su primera edición digital, destacaba en titulares las críticas a los excesivos beneficios del sistema fiscal español y a la conveniencia de reducirlos, las olvidaba en siguientes ediciones, incluida la de papel.

Pero es en la política, y sobre todo en las propuestas fiscales, donde el FMI aporta novedades. Junto a una apuesta en Europa para combinar estabilidad y crecimiento y la necesidad para España de dar más tiempo a la reducción del déficit y al resultado de las reformas, identifica los problemas fiscales como estructurales y por ello considera la necesidad de recomponer la recaudación de impuestos como duradera y no provisional. Asimismo señala que se debe proteger, especialmente, el gasto social en los más vulnerables.

Es cierto que valora positivamente la última reforma laboral y hasta recomienda avanzar en la desaparición de la ultractividad de los convenios y continuar la reducción de salarios de los empleados públicos, pero también lo es que recomienda que la moderación salarial se compatibilice, mediante acuerdos, con mejoras de la inversión y la tecnología, sin las cuales la mejora de la productividad y la creación de empleo no serán posibles.

Pero insisto, es en materia fiscal donde mayor racionalidad aporta, ya que parte del reconocimiento de que la crisis fiscal española es, sobre todo de ingresos y también consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, lo que le lleva indicar la necesidad de una reforma impositiva profunda y duradera, lo que le hace descalificar tanto los recargos impositivos temporales, como una amnistía fiscal en la que no prevé más efecto que un debilitamiento del sistema fiscal español.

En función de ello propone subidas del IVA y los impuestos especiales, pero también la eliminación de la deducción por compra de vivienda y una reducción sustancial de los beneficios fiscales a las empresas.

Estas últimas cuestiones no son menores. En el caso de la deducción por compra de vivienda, porque con caídas de precios a punto de superar el 30%, son innecesarias y, en la práctica pretendían incrementar la venta de viviendas con menores bajadas de precios. Y en el caso de los beneficios y reducciones fiscales, porque no favorecen la economía productiva, y se han hecho a la medida de los grandes grupos consolidados y no de las PYMES. Baste con saber que el tipo efectivo del Impuesto de sociedades en España, es, como media, del 16% sobre la base imponible y del 10% sobre el beneficio contable, y que es notablemente más alto en las empresas no consolidadas (PYMES) que en los grandes grupos consolidados.

Cuando las directrices conocidas de la CE (léase Gobierno Merkel) hacen énfasis en el recorte de pensiones y prestaciones por desempleo, es de agradecer que alguien hable de proteger a los más vulnerables. Cuando las derechas en general, hablan sólo de recortes sin freno de gasto público, que alguien se ocupe de los impuestos, también lo es.

Un dato más. El Fondo no rechaza la reducción de cuotas a la Seguridad Social, aunque recomienda que cualquier medida en esta dirección se adopte una vez se reduzca el déficit por debajo del 3% del PIB. Otro elemento, al menos, de racionalidad, en un momento en que, con la que está cayendo, algún miembro del Gobierno y conspicuos empresarios, piden que la subida del IVA, se haga coincidir con reducción de cotizaciones sociales, lo que sería la mejor forma de fastidiar el sistema de pensiones, sin ninguna influencia positiva en la estabilidad de las cuentas públicas.

Algunos datos para ilustrar lo dicho. La eliminación de la deducción por compra de vivienda permitiría recuperar cinco mil millones de recaudación; sólo con el 50% de lo dejado de recaudar por beneficios fiscales a las empresas otros cinco mil. Lo mismo que representaría la subida de punto y medio de IVA. Por el contrario cada punto de reducción de los costes de personal de las administraciones públicas suponen poco más de mil millones.

De ahí el silencio a que las derechas, nacionales e internacionales, han sometido estas propuestas y de ahí, probablemente también, el desdén con que Rajoy lo ha tratado. No es una cuestión sólo de soberanía, hay renuncias a la soberanía que se hacen gustosamente, pero otras no.

Andrés Gómez