LOS HORRORES DE BANKIA

El Gobierno de Rajoy no ha cometido errores con Bankia. No, ha cometido horrores. En una semana pasó de renegar de su posible nacionalización a nacionalizarla. De decir que sólo necesitaría la conversión en capital de los 4.500 millones de euros que le había prestado el FROB, a 10.000 millones, para después Guindos decir que "más o menos 14.000", para corregir poco después a 19.000 y finalmente a 23.500.

El mismo día que la Vicepresidenta Sáez de Santamaría anunciaba que sería un préstamo que se devolvería a los españoles, la corregía el flamante Presidente de la entidad, Gorigolzarri, diciendo que "no era préstamo" sino "aportación de capital al que sacar rendimiento".

Por si fuera poco, la ceremonia de confusión se multiplica con la forma en que financiar la nacionalización. Desde distintas instancias del Gobierno se ha hablado de Deuda Soberana, de fondos del Banco Central Europeo, para acabar con que saldrá del FROB, que como no tiene dinero suficiente tendrá que emitir nuevos títulos para financiarlo. El sumun es la respuesta de Rajoy, en solemne rueda de prensa en sede del PP, negando haber decidido cómo sacar el dinero.

Lo de las instituciones de la UE es harina de otro costal, pero también han contribuido al lío. Unos han dicho que lo mejor para España, es que se financie con deuda propia, otros hablan de un fondo de rescate que aún no es operativo, otros han insinuado la posibilidad de medidas extraordinarias para Bankia. Merkel, directamente, no ha hablado, pero a alguien le habrá dicho algo.

El Presidente del BCE, Mario Draghi, intervino finalmente para censurar al Gobierno por su pésima gestión, al ocultar la realidad y no seguir la máxima bancaria de que, cuando se calculan necesidades "más vale que sobre que no que falte". Aunque, cuando lo dice, el bosque ya está ardiendo y no aporta otras ideas concretas para la solución.

Descrito el panorama, se podrían hacer chistes, si no fuese por la incertidumbre y extrema preocupación de impositores y ahorradores, así como por la dramática repercusión de lo sucedido en la maltrecha economía española y el riesgo de contagio a otras europeas.

Pese a todo, Gobierno y PP siguen erre que erre. La culpa la tiene, en exclusiva, el Gobierno anterior y el Banco de España. Ellos no cometen errores y los que hablan de comisiones de investigación son o irresponsables o traidores.

Pero ¿qué hay en el fondo de la propuesta de Bankia?. ¿Es correcta la evaluación económica que han hecho del problema?

En los mentideros financieros, se opina que Gorigolzarri ha hecho una valoración por alto del agujero, tanto por el instinto "campesino" tradicional de que para rebajar siempre hay tiempo, como para cubrirse las espaldas y garantizar una recuperación rápida y de éxito.

De ser así, el problema es que la cantidad ha resultado tan escandalosa, la opinión nacional o internacional no entiende de matices, que ha atizado la desconfianza, porque se convierte en referencia para el resto del sector pendiente de saneamiento, lo que  ha hecho oler la sangre a los especuladores.

La nota entregada por Rato informando del Plan al Consejo de Cajamadrid, aparte de querer "salvar su alma", explica la distribución del capital requerido, según la nueva dirección de Bankia, que no se corresponde con pérdidas contables reales de los distintos ejercicios, sino con necesidades de provisiones para créditos fiscales, eventuales pérdidas del valor de las participadas, así como los requerimientos de nuevas provisiones para inmobiliario exigidas por el Gobierno.

De los conceptos y cantidades reflejados en la nota se deducen conclusiones. De un lado, los créditos fiscales son posibilidades de reducir el pago de impuestos en ejercicios sucesivos con beneficios. Es decir que sin beneficio no se pueden utilizar, pero su provisión  implica aventurar pérdidas en varios ejercicios, que si realmente no se producen y se aplican los créditos, el Estado habrá anticipado ya estas cantidades, lo que incrementaría los beneficios de la entidad. No es una cantidad menor ya que, por este concepto se estiman 3.000 millones de euros.

De otro la provisión de pérdidas de valor en empresas participadas -Iberia, Indra, NH, Cuétara, Mapfre, Aguas de Valencia, Iberdrola, Enagas, Martinsa-FADESA, Globalvia o Realia, etc.- implica tanto una valoración al precio actual de mercado, muy inferior al real, y la intención de venta de estos activos y, una de dos, o venderlos a precio de saldo u obtener beneficios si la valoración final fuese más alta, a costa también del erario público. Por este concepto se imputan otros 4.000 millones.

Sobre la valoración del inmobiliario, que es la madre del cordero, se estiman 15.000 millones, de los que 7.000 corresponden a las nuevas provisiones exigidas por el Gobierno y los 8.000 restantes para otras posibles pérdidas o impagos por este concepto.

Todo parece indicar que se trata de una previsión generosa para no pillarse los dedos provocada, tal vez, por el nerviosismo de un gobierno, que les dijo a los nuevos gestores "que pidiesen por esa boquita". Y lo han hecho.

Lo sorprendente es que todo esto lo hacen personajes que dan, urbi et orbe, lecciones de política y profesionalidad financiera cada día cuando, si han actuado honestamente, serían unos inútiles y, si no lo han hecho, tendrían calificativos aún más rotundos.

Uno no deja de tener la impresión de que, estando las cosas mal, hay quien se empeña en mostrarlas peor, con las nefastas consecuencias que hemos visto estos días. La impresión se multiplica al constatar que como la política, en este terreno, se convierte en una "tormenta de ideas" sin decisión práctica alguna, las decisiones de verdad las toman "los amos del Universo" y las pagamos los demás.

Así, la Comisión de Investigación en el Parlamento, sería lo mínimo para saber qué hay de verdad y qué no en lo que nos están vendiendo.

Andrés Gómez